Por Mayobanex Pepin
Movimiento Duartianos Unidos
La República Dominicana vive la crisis institucional más grave y profunda de su historia reciente. El gobierno del presidente Luis Abinader, con su ambición y maquiavelismo, ha socavado el estado de derecho y ha propiciado una serie de hechos perjudiciales para la soberanía, la identidad nacional y la institucionalidad del país. Veamos algunos ejemplos y sus repercusiones.
Una ley que abre la puerta a la dictadura
La Ley 1-24, que crea el sistema nacional de inteligencia, le otorga poderes ilimitados al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) para violar los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos. Esto nos conduce a una dictadura encubierta por una ley. El DNI puede detener a cualquier persona sin necesidad de una orden judicial, destruyendo así el estado de derecho y el debido proceso. Esta ley representa una amenaza para la libertad, la seguridad y la privacidad de los dominicanos.
Una injerencia en el colegio de abogados
Otro hecho que evidencia la falta de respeto del gobierno por las instituciones democráticas es la intervención en las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados (CDA). El Tribunal Superior Electoral (TSE) dictaminó cuál era la plancha ganadora de esos comicios, tan pronto se conoció la decisión un grupo de encapuchados, presuntamente enviados por el gobierno, desconectaron el sistema de videovigilancia de la sede del CDA. Están destruyendo el sistema judicial y jurídico del país.
Un desacato al tribunal constitucional
El gobierno también ha demostrado su desprecio por el Tribunal Constitucional (TC), el máximo órgano de control de la constitucionalidad de las leyes. El Ejecutivo ha incumplido más de 90 sentencias del TC, que le ordenaban corregir diversas irregularidades y violaciones a la Carta Magna. El gobierno se burla de la Constitución y de la justicia.
Una selección de jueces a dedo
Por otro lado, la selección de los nuevos jueces del TC se convirtió en una farsa de mal gusto, en la que se eligieron a amigos y familiares de los que tenían la potestad de nombrar a los magistrados. Se violaron los principios de mérito, capacidad e independencia que deben regir la designación de los integrantes del órgano garante de la supremacía constitucional. Se nombraron a jueces afines al gobierno, que no garantizan la imparcialidad ni la defensa de los derechos fundamentales.
Una posible reforma constitucional a su medida
El gobierno se muestra entusiasmado con la posibilidad de reformar la Constitución para unificar las elecciones municipales y presidenciales, que todos sabemos que intentarán aprovechar para modificar otros artículos que les convengan. El gobierno quiere perpetuarse en el poder, sin importarle el equilibrio de poderes ni la voluntad popular.
Un festival de préstamos
El gobierno también sigue con su festival de préstamos que van en detrimento de nuestra soberanía. Nadie presta sin contrapartidas y en el caso de la RD no sabemos qué ha cedido el país a cambio de tanto dinero que no sabemos a ciencia cierta en qué se está gastando. El gobierno endeuda al país sin rendir cuentas ni mostrar resultados. El gobierno hipoteca el futuro de las generaciones venideras.
Resolución 13-24 de la JCE
La JCE emitió la resolución 13-24 para dotar de actas de nacimiento a los hijos de extranjeros regularizados y naturalizados, principalmente de origen haitiano. Sin embargo, esta medida ha generado controversia, ya que se considera que contradice la Constitución, la sentencia 168-13 del TC y el principio de igualdad, además de crear inseguridad jurídica y afectar la soberanía nacional.
Una oposición silenciosa y cómplice
A modo de epílogo, el escenario institucional, jurídico y soberano de la RD es desalentador y gravoso. El gobierno afronta múltiples desafíos de cara a unos comicios presidenciales. El mandatario y su gabinete ostensiblemente tienen a la oposición sometida con las tratativas entre bastidores que ignoramos. Por ende, la oposición no se resiste a nada de lo que ejecuta el gobierno, se recluye, una conducta cómplice y tenebrosa. No quieren pronunciarse porque al hacerlo se comprometen y ya eso no se estila. Por eso perderán nuevamente.
Un llamado a la unidad
Solo nos resta a los patriotas y activistas sociales proseguir combatiendo nuestras contiendas, unos afrontando a estas ONG, otros en los juzgados y otros en las redes. Lo que no debemos es recriminarnos ni aspirar a que tenemos que estar en todos sitios. Lo trascendental es continuar nuestra batalla desde diversos flancos y respetando el modo que cada quien conciba es el adecuado. Adelante que al final venceremos.
Fuente: Movimiento Duartianos Unidos
Author: Redacción
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