
Santo Domingo, RD.–En el contexto del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), exigieron frente al Palacio Nacional el cese de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional.
Los sectores de La Mina, en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional, El Carril de Haina, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente, en el distrito municipal La Caleta, Boca Chica, reclamaron su derecho a una vivienda digna, tal como establece el artículo 59 de la Constitución dominicana.
Los moradores de La Mina, en San Isidro, informaron que fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en abril de 2021, en horas de la madrugada, mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública. “No recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo, solo dijeron que el Estado había cedido el terreno a la Fuerza Aérea y que por eso debíamos desocupar de inmediato.
Indicaron que expulsaron alrededor de 600 familias con hasta 20 años establecidas, donde incluso el propio Estado había construido infraestructuras urbanas, lo cual implica un reconocimiento del hábitat socialmente construido, declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
La historia se repite en Arroyo Lindo, en donde 250 familias fueron desalojadas el 6 de diciembre de 2022. “Llegaron a las 4:00 de la mañana con grúas y militares a derrumbar nuestras casas”, comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
En Nueva Jerusalén, pese a existir un proceso judicial en curso y una orden legal de no derribar más viviendas, las familias viven bajo la amenaza constante de ser expulsadas.
Desde 2023, miembros de la Fuerza Aérea irrumpen en la zona para desalojar familias, sin previo aviso, indican. “Han derrumbado viviendas terminadas y en construcción, sin comunicación formal con los propietarios. Incluso han desalojado casas habitadas de forma violenta, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin justificación alguna”, denunció Mercedes de Jesús, representante comunitaria.
