
Santo Domingo, RD.–El abogado Salvador Catrain informó que sostendrá una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana con las autoridades competentes, para discutir el conflicto de los cierres de varias empresas chinas, incluida la tienda Suplax.
Asimismo, aunque omitió revelar la identidad de los funcionarios que participarán en el conversatorio, Catrain prometió comunicar el resultado del diálogo a los medios de comunicación tan pronto como concluya
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente va a dar al traste con una solución, obviamente, que garantice, por un lado, la posición que ha asumido el Mivhed y el Estado con la situación y, por otro, también los derechos de las empresas chinas que nosotros representamos”, señaló.
Puntualizó que, además de la reunión, los propietarios de los comercios afectados han fijado su posición detallada en un comunicado de prensa, en el que condenan la actuación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación (Mivhed) e interponen una demanda ante las autoridades.
Acusaciones contra el Mivhed
El informe reseña que comerciantes chinos han interpuesto un recurso “contencioso administrativo” ante el TSA. Esta acción busca revertir los cierres ordenados por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación (Mivhed) por supuestas irregularidades.
Dice que la acción legal incluye una petición para una medida cautelar, con el fin de detener los efectos de las decisiones tomadas por el Mivhed hasta que el tribunal revise el caso en profundidad.
Entre las acusaciones destacan los cierres “arbitrarios” y la falta de debido proceso. Además, alegan que, tras la suspensión de labores, más de 3,000 empleados se han visto afectados.
“MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley”, reseña la nota, reseña el comunicado.
Asimismo, tilda el cierre de los establecimientos como “una falta de transparencia por parte del Mivhed y una persecución selectiva”.
En ese contexto, el representante legal afirma que: “Todas las empresas afectadas cuentan con certificaciones emitidas por las instituciones competentes, que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, además de su compromiso con la responsabilidad social empresarial y la generación de empleo formal en el país”.
En ese sentido, informa que las empresas se encuentran en un proceso activo de formalización, en cumplimiento con todos los requisitos establecidos por la ley y han contratado técnicos por el MIVHED.
Además, admite que en este tipo de casos el ayuntamiento debe hacerse cargo y deben ejecutar con otras directrices.
“La autoridad competente es el ayuntamiento correspondiente, que debe proceder a través del Juzgado de Paz, otorgando a las partes un plazo razonable para regularizar su situación o, en su defecto, dictar medidas proporcionales sustentadas en informes técnicos que determinen un riesgo real o una afectación al interés público”.
Sobre la audiencia
De acuerdo con el comunicado, la audiencia está fijada para el 16 de octubre de 2025, en que la parte afectada ratificará que las actuaciones del Mivhed “carecen de base legal, técnica y constitucional”.
“Con esta acción, se busca restablecer la legalidad, proteger los derechos empresariales y preservar la seguridad jurídica, pilares esenciales para mantener un ambiente de inversión estable y transparente en la República Dominicana”, detalla.
