Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y consorcios presuntamente vinculados a una red que habría manipulado procesos de compras públicas mediante prácticas fraudulentas.
La medida está contenida en la resolución DGCP44-2025-004600, que deja sin efecto temporalmente los registros de las siguientes razones sociales:
- Comerdon, SRL
- Inversiones Qtek SRL
- Condelca, SRL
- Tingley Business, SRL
- Mediterráneo Investments Group, SRL
- Kury Limited.
- Coav, SRL
- Empresas Integradas, SAS
- Flexiplas, SRL
- Inversiones Nogal Verde, SRL
- Agro Avícola Benevento, SRL
- Grupo Empresarial Barnichta, SRL
- Inversiones Yang, SRL
- Topicverse, SRL
- Roment, SRL
- Consorcio Empresas Integradas & Concreto Pretensado
- Empresas Integradas & Constructora Yeara
- Empresas Integradas & Farmasino
- Empresas Integradas & Tankasa
- Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
Motivos de la suspensión
El órgano rector explicó que la decisión responde a la investigación administrativa realizada por la DGCP y a la pesquisa penal que dirige el Ministerio Público, debido a la presunta comisión de delitos como estafa al Estado, colusión, soborno, lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otras infracciones que vulneran el patrimonio público y los procesos de compras gubernamentales.
La institución aclaró que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva para resguardar el interés público y garantizar la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
La DGCP señaló que existe un “riesgo grave e inminente” cuando se detectan indicios de actuación coordinada entre empresas para manipular procesos, pues esto compromete la libre competencia, la transparencia y la igualdad de participación.
El acto administrativo sostiene que mantener operativas a las empresas investigadas podría generar riesgo de reiteración, obstrucción o alteración de los procedimientos.
Antecedentes del caso
A finales de octubre, la DGCP remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, donde se documenta que la presunta estructura habría intervenido de manera irregular en procesos de compras públicas, utilizando tácticas de intimidación, extorsión e incluso posibles vínculos con funcionarios.
El informe identifica patrones repetitivos de participación conjunta, rotación de adjudicaciones y concentración de contratos en áreas específicas del mercado estatal.
Además, recoge declaraciones de proveedores que denunciaron amenazas, presiones y chantajes para desistir de adjudicaciones, evidenciando la existencia de mecanismos de manipulación que alteran la transparencia y la equidad en la contratación pública.
Author: Redacción
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