Lancha destruida tras ataque en el Caribe por EE. UU. (FUENTE EXTERNA)
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump aseguró este domingo que confía plenamente en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y negó que éste haya emitido una orden verbal para “matar a todos” los tripulantes de una embarcación sospechosa de traficar drogas en el mar Caribe durante una operación militar ocurrida en septiembre.
“Me dijo que no dijo eso, y le creo al 100 %”, afirmó Trump, al referirse a la controversia desatada por un reportaje de The Washington Post. El medio reveló que un dron captó a dos sobrevivientes de una tripulación de 11 personas aferrados a los restos de su lancha tras un primer ataque con misiles el 2 de septiembre. Según la publicación, un segundo ataque habría sido ordenado para cumplir la supuesta instrucción de eliminar a todos los ocupantes, lo que provocó la muerte de los sobrevivientes.
Trump calificó ese segundo ataque como innecesario: “Yo no habría querido eso. El primer ataque fue muy letal. Estuvo bien”, declaró, al tiempo que aseguró que investigará el caso.
Reacciones y defensa oficial
Tras el reportaje, Hegseth defendió las operaciones en la red social X, señalando que los ataques son “letales y cinéticos”, que los traficantes abatidos están vinculados a organizaciones terroristas y que las acciones militares son “legales”.
La administración Trump ha justificado su campaña en el Caribe —que ya suma más de 80 muertos— bajo el argumento de que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” contra narcotraficantes. Un memorando clasificado del Departamento de Justicia sostiene que los militares no enfrentarían futuras acusaciones penales por estas operaciones.
Debate en el Congreso
La polémica generó reacciones inmediatas en el Congreso. Legisladores de ambos partidos exigieron aclaraciones y los comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado anunciaron que ampliarán su escrutinio, solicitando toda la documentación relacionada.
El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse los hechos, se trataría de “una violación de las leyes de guerra” y potencialmente de un “crimen de guerra”. El republicano Michael Turner coincidió en que sería “un acto ilegal” y lamentó que la Casa Blanca no haya entregado información adicional al Congreso.
Críticas de expertos
Juristas y exabogados militares han advertido que la campaña podría ser ilegal, ya que los presuntos traficantes no representan una amenaza inminente para Estados Unidos ni están en un conflicto armado formal con el país. Exjueces militares sostuvieron que, conforme al derecho internacional, los sobrevivientes debieron haber sido protegidos y tratados como prisioneros de guerra, no atacados nuevamente.
La controversia mantiene bajo presión al Pentágono y al secretario Hegseth, cuyas decisiones durante la operación de septiembre siguen bajo intenso escrutinio.