El Ministerio Público informó este miércoles que presentará un recurso de apelación contra la medida de coerción dictada por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien perdió la vida el pasado 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos durante una excursión escolar organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci. La decisión judicial ha generado controversia, ya que el órgano acusador considera que las medidas impuestas no guardan proporción con la gravedad del hecho.
El Ministerio Público había solicitado una garantía económica de 50 millones de pesos para cada procesada, además de impedimento de salida, presentación periódica y el uso de localizadores electrónicos. Sin embargo, el tribunal dispuso una garantía económica de 500 mil pesos mediante aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida para tres de las imputadas: Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. En contraste, la jueza otorgó libertad sin medidas de coerción a Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
La procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), expresó que las medidas solicitadas originalmente eran “las más idóneas y proporcionales” ante la gravedad del caso, por lo que el Ministerio Público procederá a apelar la decisión. “No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación para presentar el recurso correspondiente”, declaró Llaverías, quien estuvo acompañada en la audiencia por la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.
El expediente fue calificado jurídicamente como homicidio involuntario en violación del artículo 319 del Código Penal, además de abandono y maltrato infantil conforme al artículo 351-2, y violaciones al artículo 14 de la Ley 136-03. Según la investigación, 87 niños fueron trasladados a la excursión con apenas tres cuidadoras, sin salvavidas ni chalecos de seguridad, y sin verificar si los menores sabían nadar. El Ministerio Público sostiene que estas omisiones constituyen una “negligencia extrema” que quedó evidenciada en un video incorporado al expediente.
El material audiovisual muestra que las responsables no actuaron con la diligencia necesaria para garantizar la seguridad de los menores, lo que derivó en la tragedia que costó la vida a Stephora. El Ministerio Público afirmó que hubo fallas graves tanto en la supervisión como en la planificación del paseo, y que la conducta atribuida a las imputadas se ajusta a varios tipos penales de protección a menores. La apelación será presentada tan pronto el órgano acusador reciba la notificación íntegra de la decisión judicial, en busca de medidas más estrictas que reflejen la magnitud del caso.
Author: Redacción
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