Educación Superior: ¿un nuevo subsistema invisible?

 

Por Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo y Activista Social

El Poder Ejecutivo ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (MINERD). Esta iniciativa ha generado un debate legítimo y necesario, con posiciones a favor y en contra expresadas por diversos sectores académicos, comunicadores y especialistas en educación.

Más allá de la discusión sobre la conveniencia política o administrativa de la fusión, resulta imprescindible analizar sus posibles efectos sistémicos, en particular el riesgo de que la Educación Superior pierda especificidad, prioridad y capacidad efectiva de ejecución dentro de una estructura que ya es compleja, centralizada y sobredimensionada.

El Sistema Educativo Dominicano preuniversitario es inmenso y altamente centralizado. Siguiendo el concepto de “organización obesa” desarrollado por Andris A. Zoltners y otros autores, se trata de una estructura que ha crecido en tamaño y funciones, pero también en niveles de complejidad, rigidez y dificultades operativas.  Un sistema en el que sus procesos y procedimientos se resisten a los cambios y hacen de la eficiencia una meta intermitente y de poca estabilidad. En este contexto, la fusión del MESCYT con el MINERD, lejos de garantizar una mayor eficiencia, podría incrementar desproporcionadamente la carga estructural, dificultando aún más la gestión y el control efectivo de la calidad de los aprendizajes, desde el nivel inicial hasta el superior. Se debe cuidar que la fusión no se convierta en mas obesidad en un sistema que ya tiene una obesidad mórbida que la mantiene en la ineficiencia, a partir de los resultados diagnósticos que periódicamente se realizan.

Más que aumentar la obesidad del Sistema Educativo Dominicano, el país necesita un proceso transformador que lo fortalezca, reduzca al mínimo su obesidad, a fin de que se convierta en un sistema funcional, eficiente, efectivo y sostenible.

La preocupación central no es meramente teórica. La historia reciente del sistema educativo dominicano ofrece un precedente claro y aleccionador: la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

La Ley General de Educación núm. 66-97 define con precisión la estructura académica del sistema educativo. El artículo 31 establece que este “se organiza en función de niveles, ciclos, grados, modalidades y subsistemas”, y define el subsistema educativo como “el conjunto de programas educativos en que puede ser desarrollado un tipo de educación que posee poblaciones de alumnos específicos, definidos por sus edades o por sus excepcionalidades”.

En ese marco, el artículo 51 de la Ley 66-97 reconoce expresamente el Subsistema de Educación de Adultos como un proceso integral y permanente, destinado tanto a la formación de quienes no pudieron acceder oportunamente a la educación regular, como a aquellos que buscan formación para su inserción laboral, productiva y su autorrealización.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento legal y de los esfuerzos realizados por funcionarios y equipos técnicos responsables de la formulación de políticas públicas para este subsistema, la educación de personas jóvenes y adultas no ha logrado consolidarse plenamente en una práctica sostenida y efectiva. Las políticas han sido, en muchos casos, adecuadamente formuladas, lo que ha fallado de manera reiterada es su ejecución efectiva.

La propia Ley 66-97 ofrece claves para entender este fenómeno. El artículo 72 atribuye al órgano rector funciones fundamentales de planeamiento, asesoramiento técnico, ejecución, supervisión y apoyo. A su vez, el artículo 73 organiza el sistema educativo en sectores funcionales, incluyendo órganos de planificación, ejecución, supervisión, control y apoyo. Finalmente, el artículo 74 establece que los órganos de ejecución están conformados esencialmente por los organismos regionales, distritales y los centros educativos.

En la práctica, estos órganos de ejecución tienen como prioridad cultural, institucional y operativa la educación regular de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como resultado, la educación de personas jóvenes y adultas, aunque reconocida como subsistema, termina subordinándose a lógicas, horarios, metodologías y prioridades que no responden a las características de su población objetivo. Las políticas diseñadas específicamente para este subsistema suelen adaptarse, o deformarse, para encajar en esquemas pensados para otra realidad educativa.

Recuerdo, y no se si eso se habrá superado ya, que por muchos años, los ciclos en los que se organiza el avance de las personas jóvenes y adultas, tenía que registrarse en el sistema de información del MINERD, estableciendo equivalencias, porque el sistema sólo permitía el registro del avance por cursos, que era como se registraba el avance de la educación de niños, niñas y adolescentes.

Así, la educación de adultos ha quedado, en muchos casos, invisibilizada: sin los recursos suficientes, sin estructuras de ejecución propias, con una débil gobernanza, sin personal técnico con condiciones de movilidad y horarios adecuados, y sin la flexibilidad que su población meta demanda. Más que un subsistema plenamente operativo, ha funcionado como un componente marginal del sistema, que ni siquiera logra mantenerse como un elemento del sistema educativo.

Es precisamente esta experiencia la que obliga a formular una advertencia seria frente a la propuesta de fusión del MESCYT con el MINERD.

La Educación Superior posee características propias que la hacen particularmente vulnerable dentro de una estructura centrada casi exclusivamente en la educación preuniversitaria: la investigación científica, la producción de conocimiento, la vinculación con el desarrollo tecnológico, la cooperación internacional, el aseguramiento de la calidad, la relación con el sistema productivo y el respeto a la autonomía universitaria. Estas funciones requieren prioridad política, capacidad técnica especializada y estructuras de ejecución diferenciadas.

Si la Educación Superior queda subsumida en un ministerio cuya cultura organizacional, prioridades operativas y presión social están orientadas mayoritariamente a los niveles inicial, primario y secundario, existe el riesgo real de que se convierta en un subsistema formalmente reconocido, pero materialmente desatendido, replicando el destino histórico de la educación de personas jóvenes y adultas.

La preocupación no radica en la existencia de un marco legal adecuado, sino en la capacidad del Estado para garantizar una ejecución efectiva, especializada y priorizada de las políticas de Educación Superior dentro de una estructura ampliada y más compleja.

Por ello, resulta indispensable que el debate legislativo y público no se limite a los argumentos de eficiencia administrativa o racionalización institucional. Es necesario preguntarse, con responsabilidad histórica, si la fusión propuesta cuenta con las salvaguardas suficientes para evitar que la Educación Superior termine diluida, subordinada o invisibilizada.

Cuidar que la Educación Superior no se convierta en un nuevo subsistema invisible es una obligación del Estado, del Congreso Nacional y de la sociedad en su conjunto. La experiencia de la educación de personas jóvenes y adultas demuestra que el reconocimiento legal no basta cuando no se acompaña de estructuras de ejecución adecuadas, recursos suficientes y una prioridad política real.

La pregunta, entonces, no es solo si fusionar o no, sino ¿cómo garantizar que la diversidad, complejidad y especificidad del sistema educativo dominicano no se sacrifiquen en nombre de una supuesta eficiencia administrativa? Esa es la discusión que el país debe asumir con seriedad.