
Santo Domingo, RD. – La Coalición por la Seguridad Social Digna expresa su absoluto repudio, indignación y enérgica condena, en nombre de todas las organizaciones que la integran, ante las graves irregularidades que afectan al Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Se trata de hechos que constituyen una violación grave y sistemática de derechos fundamentales —en particular, el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana— y actos de corrupción que merecen todo el peso de la ley.
La Coalición advierte que, sobre un sistema marcado por los nefastos “no te cubre”, “ya no te quedan fondos en tu seguro” y la lógica del “sálvese quien pueda”, y aprovechando los mecanismos asistencialistas y clientelares propios del “seguro pobre para pobres” al que se mantiene relegado el Régimen Subsidiado de SENASA, se instauró una maquinaria de saqueo, enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de la corrupción política. Esta estructura incidió en el abandono de deberes institucionales y en atentados directos contra la salud y la vida de miles de personas.
Los estados financieros preliminares de SENASA actualizados a 2024 revelan una pérdida neta de RD$ 8,331 millones, a los que se suman gastos reconocidos de años anteriores por RD$ 9,164 millones, lo que explica el profundo deterioro del patrimonio acumulado. Este deterioro asciende a -RD$ 14,538 millones.
- Lo que expone el expediente judicial
El análisis de los hechos cometidos por la dirección de SENASA entre 2020 y 2025 —según el expediente de la Procuraduría General de la República— permite concluir que la erosión financiera de la entidad y los daños ocasionados a las personas, a sus derechos y a sus vidas no guardan relación alguna con la ampliación de la afiliación en el Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud ni con la prestación de más servicios, aunque este argumento fue utilizado como excusa por el Gobierno y también como herramienta de ataque por quienes se oponen sistemáticamente a la protección social como responsabilidad del Estado.
La situación de SENASA, de acuerdo con el expediente judicial, se explica por prácticas y lógicas específicas:
- Contubernios político-financieros vinculados con nombramientos y financiamiento electoral, encabezados por un funcionario —Santiago Hazim— que, antes incluso de ser designado, ya “sabía” que sería nombrado en el cargo y articulaba el entramado de corrupción en beneficio propio, de sus cómplices y de quienes respaldan su “movimiento externo”. Esto incluye el uso normalizado de paraísos fiscales y maniobras contables y bancarias para ocultar patrimonio, justificar enriquecimiento y desviar recursos.
- Disfuncionalidad severa de los organismos de control, tanto centrales —Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Congreso Nacional, Contraloría General, Dirección General de Compras y Contrataciones— como del propio Sistema Dominicano de Seguridad Social: CNSS, SISALRIL, DIDA y el Consejo de SENASA. Todos exhiben un carácter fallido.
- Debilitamiento de la rectoría estatal en salud, con un Ministerio de Salud Pública y el SNS dispersos en un entramado institucional fragmentado que permite que cualquier actor con poder o autonomía, como el señor Hazim, actúe sin controles efectivos. Eso se acrecienta con la lógica impuesta del asistencialismo y clientelismo como lógicas políticas, en lugar de un Estado garante de derechos.
- Mercantilización integral de la salud y la seguridad social, incluso en ámbitos bajo gestión estatal, conforme al espíritu de la Ley 87-01, la Ley 123-15 que crea el SNS, la normativa de la SISALRIL y el conjunto de reglamentos que habilitan el funcionamiento de este auténtico mercado.
- Privatización extrema de servicios y recursos, tanto en el Régimen Contributivo como en el Subsidiado. Desde 2009, y pese a múltiples denuncias, los fondos públicos y las cotizaciones sociales han permitido triplicar la cantidad de prestadores privados, mientras que hasta 2024 disminuían los prestadores públicos contratados en el SDSS. Este proceso revela un entramado de lucro empresarial, legal e ilegal, enquistado y en expansión.
- Carácter parasitario del negocio de la salud, con actores como el Grupo Read y otros de menos envergadura generando ganancias improductivas, que van desde la administración de las ARS, la intermediación en los servicios y las farmacias, la supervisión de cuadros clínicos y la supuesta provisión de “telemedicina”, servicios de atención primaria, vacunación u otros, incurriendo en fraudes colosales.
- Un escándalo de corrupción en un sistema corrompido y capturado
La manipulación contable y financiera para ocultar el desvío de recursos en SENASA no es un hecho aislado. Las ARS privadas, que hasta 2024 habían capturado casi RD$ 80,000 millones, continúan sin ofrecer explicación ni auditoría verificable sobre la multiplicación por seis de sus “gastos generales y administrativos”, que superaron los RD$ 6,000 millones en 2024 (un 11% de sus ingresos, frente al 5.74% en SENASA), cifra que duplica sus beneficios.
Simultáneamente, la ARS FUTURO ha alcanzado la mayor rentabilidad mediante mecanismos abiertamente discriminatorios, sin consecuencias legales, y han desplazado hacia SENASA a la población de mayor edad y precariedad. Por otra parte, dos de las cuatro principales ARS (MAPFRE y UNIVERSAL) reportaron supuestas pérdidas superiores a RD$ 700 millones en 2024, sin que exista confirmación independiente de estas cifras.
Asimismo, los planes “complementarios” de las ARS, al igual que el plan “Larimar” de SENASA, operan como auténticas cajas negras bajo la sombra de la Superintendencia de Seguros, sin rendición de cuentas y participando abiertamente del mercado de la seguridad social junto a otras aseguradoras y las AFP.
Por todo lo anterior, la Coalición advierte que una falla estructural del Sistema Dominicano de Seguridad Social —creado por y para el lucro empresarial— ha sido vincular intereses privados y financieros con los entes responsables de garantizar derechos sociales, generando un conflicto permanente entre rentabilidad y protección social.
El caso de corrupción en SENASA constituye un episodio más dentro de un modelo mercantilista que ha convertido la seguridad social en un negocio, no en un derecho. No es solo un caso de corrupción aislada, sino el síntoma del fracaso de un sistema privatizador, clientelar y diseñado para el lucro.
- Llamamiento de la Coalición
En consecuencia, llamamos a toda la sociedad dominicana a:
- Seguir exigiendo el castigo ejemplar para todos los corruptos y corruptores, sin excepciones, ni perdonazos, impunidad ni vacas sagradas.
- Movilizarse para exigir una auditoría que diga la Verdad y una acción de Justicia y Reparación integral para todas las víctimas de estos actos y sus familias afectadas.
- Rechazar toda pretensión de resolver lo ocurrido con nuevas “comisiones de investigación” y con reciclar soluciones y figuras del mismo sistema, y estar alertas con las intenciones de privatización y desmantelamiento de SENASA.
- Una auditoría integral al Sistema Dominicano de Seguridad Social y de SENASA, así como de las entidades que, como el CNSS, SISALRIL, DIDA, el Consejo de SENASA y otras, debieron haber alertado y actuado para impedir la corrupción y daño a la sociedad.
- La movilización de todos los actores, las organizaciones sociales y la ciudadanía para exigir y conquistar una transformación real de la Ley No. 87-01, del Sistema Dominicano de Seguridad Social y del sistema de salud, que ponga los derechos y la vida de los dominicanos y dominicanas en el foco, y saque a los afanes de lucro tanto legal como ilegal donde deben primar nuestros derechos fundamentales.