Por Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo y Activista Social
La República Dominicana no padece una carencia de leyes, aunque reconocemos que tenemos algunos pocos vacíos legales y la necesidad de modificar y corregir algunos desaciertos jurídicos que no deben continuar como están. Lo cierto es que contamos con una Constitución avanzada, un abundante marco legal y decisiones reiteradas de nuestras altas cortes que desarrollan y precisan los derechos fundamentales. El problema no es normativo; es ético, institucional y político. Hemos permitido que el Estado de derecho se convierta, en demasiados casos, en un Estado de conveniencias, donde la aplicación de la ley depende de intereses, presiones o estímulos indebidos, y no del mandato constitucional.
El artículo 7 de la Constitución es categórico: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Esa definición no es retórica. Implica que todos, autoridades y ciudadanos, estamos sometidos a la Constitución, a la ley y a las sentencias judiciales. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra una fractura profunda entre lo que el orden jurídico dispone y lo que el Estado realmente hace.
Existen ejemplos cotidianos y visibles del incumplimiento del Estado de derecho, que nos lleva a la condición de ser un Estado de derecho selectivo, como son:
– Sentencias firmes de tribunales superiores que ordenan pagos, restituciones de derechos, reincorporaciones o correcciones administrativas, y que son ignoradas durante años por órganos del propio Estado.
– Normativas urbanas, ambientales y de tránsito que se aplican con severidad a unos y con indulgencia absoluta a otros, dependiendo de su poder económico o capacidad de influencia.
– Procesos administrativos disciplinarios que nunca concluyen cuando los involucrados pertenecen a círculos de poder, mientras ciudadanos comunes enfrentan todo el peso de la ley por infracciones menores.
– Contrataciones públicas y concesiones que, aunque formalmente legales, responden a intereses particulares y no al interés general, erosionando la confianza ciudadana.
– Reglamentaciones que contradicen lo que establecen las Leyes que le sirven de marco normativo, en perjuicio de los titulares de derechos relacionados a las mismas.
– Normativas con requerimientos para la instalación y operación de servicios que sólo se observan y aplican para iniciar las operaciones, pero que no vuelven a ser auditados y controlados por las instituciones públicas competentes, por lo cual nunca se detectan y sancionan su incumplimiento.
Esta selectividad no es accidental. Es el resultado de una cultura donde ciertos intereses “compran” la aplicación o la inobservancia de la ley, y donde funcionarios llamados a cumplir y hacer cumplir las normas actúan con simpatía hacia quienes les estimulan o comprometen su voluntad.
Los hechos históricamente nos han enseñado que cuando el Estado incumple la ley, se legitima el caos, con lo cual se estimula el espiral de la degradación social.
El daño más grave no es solo jurídico, sino social. Cuando el propio Estado incumple las leyes y desacata sentencias, envía un mensaje devastador: la ley no obliga a todos por igual. En ese contexto, el ciudadano deja de confiar en las instituciones, opta por la informalidad, la evasión o la fuerza, y comienza un proceso de descomposición social.
La historia enseña que ningún país colapsa de un día para otro. El colapso se gesta cuando la ilegalidad se normaliza, cuando el abuso queda impune y cuando el orden jurídico pierde legitimidad moral. Ese camino conduce inevitablemente al caos y, en su fase más extrema, a la barbarie, donde prevalece la ley del más fuerte y no la del derecho.
Ante esta difícil realidad, se impone la necesidad urgente de un Gran Pacto Nacional por el Estado Dominicano de Derechos, que no sea un acuerdo simbólico ni una consigna coyuntural, sino un compromiso real y verificable entre:
– El Estado y sus poderes públicos.
– Los partidos políticos.
– El sector empresarial.
– La sociedad civil organizada.
– Las organizaciones basadas en la fe.
– Los medios de comunicación.
– La ciudadanía en general.
Este pacto debe sustentarse, como mínimo, en los siguientes principios:
1.- Cumplimiento obligatorio e inmediato de las sentencias judiciales, sin excusas administrativas ni dilaciones presupuestarias.
2.- Compromiso de las instituciones públicas a ejercer con efectividad los controles y sanciones que les corresponde aplicar en su ámbito de responsabilidad.
3.- Igualdad real ante la ley, sin privilegios por poder económico, político o social.
4.- Responsabilidad personal de los funcionarios públicos que incumplan la Constitución, la ley o las decisiones de los tribunales.
5.- Transparencia y rendición de cuentas efectivas, no meramente declarativas.
6.- Educación cívica y jurídica que fortalezca la conciencia ciudadana sobre derechos, deberes y consecuencias.
Los dominicanos debemos hacer un alto colectivo, necesario antes de que sea tarde. No mañana, no después, no cuando el deterioro sea irreversible. Ahora. Ordenar el país no significa autoritarismo ni represión; significa respeto a las reglas que libremente nos dimos como sociedad. Significa entender que sin Estado de derecho no hay desarrollo, no hay justicia social y no hay paz duradera.
El Estado dominicano de derechos no se defiende solo en los tribunales ni únicamente en los discursos oficiales. Se defiende cuando la ley se cumple incluso cuando incomoda, cuando afecta intereses y cuando exige sacrificios. Si no asumimos esta tarea con urgencia y determinación, corremos el riesgo de perder algo más que derechos: perderemos la convivencia, la institucionalidad y el futuro mismo de la nación.
El pacto es necesario. El tiempo es ahora. Y la responsabilidad es de todos.
Author: Redacción
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.