Por Redacción
CRDmedia
La sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua no es un simple trámite jurídico. Es una grieta peligrosa que amenaza con abrir paso a la apropiación irregular de terrenos que pertenecen a todos, debilitando décadas de esfuerzo en conservación y poniendo en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles de nuestro país.
Francisco Domínguez Brito lo dijo con claridad: esta decisión es temeraria. Y lo es porque parece dar legitimidad a viejas ambiciones disfrazadas de progreso turístico o económico, cuando en realidad esconden la sed insaciable de acumular riquezas a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales. Esa voracidad, que no conoce límites, pone en juego el equilibrio ambiental y la herencia que deberíamos proteger para las generaciones futuras.
Jaragua no es un pedazo de tierra cualquiera. Es raíz, es vida, es patrimonio. Sus límites fueron trazados con base en estudios científicos y en compromisos internacionales que el Estado dominicano asumió con responsabilidad. Pretender que un error cartográfico o una omisión administrativa pese más que la ley es una distorsión peligrosa del principio de legalidad ambiental y del mandato constitucional de preservar lo que nos pertenece como Nación.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas lo ha advertido: detrás de esta sentencia se percibe un entramado de intereses políticos, empresariales y particulares que, a lo largo del tiempo, han intentado manipular la realidad documental de estos territorios. Se trata de maniobras que buscan legitimar la privatización de espacios públicos, disfrazando la ambición con discursos de desarrollo sostenible que, en la práctica, significan devastación.
Aquí se enfrentan dos visiones de país. Una que concibe el desarrollo como acumulación inmediata de riquezas, aunque implique arrasar con el medio ambiente. Y otra que entiende que el crecimiento económico debe caminar de la mano con la conservación, la sostenibilidad y el derecho colectivo a un entorno sano. La primera es cortoplacista y destructiva; la segunda es la única que garantiza futuro.
Por eso, es urgente que las autoridades identifiquen y expongan públicamente a las empresas y personas que están detrás de estas pretensiones. El pueblo dominicano merece saber quiénes son los responsables de intentar fragmentar y apropiarse de un patrimonio que no les pertenece. La transparencia no es un lujo, es un deber. Y la opacidad solo fortalece la impunidad de quienes buscan enriquecerse destruyendo lo que es de todos.
El Parque Nacional Jaragua no se negocia. Es una responsabilidad constitucional y moral que debemos defender con firmeza. La sentencia del TSA no puede convertirse en un precedente que debilite el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La sociedad dominicana debe mantenerse vigilante y exigir que se frene cualquier intento de enajenar el patrimonio público. Defender Jaragua es defender nuestra identidad, nuestra soberanía ambiental y el futuro mismo de la República Dominicana.
Author: Redacción
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