La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) intenta recomponer su imagen pública tras el fuerte rechazo generado por el intento de aumentar los salarios de sus miembros. Este miércoles, el Pleno del órgano fiscalizador reapareció con el lanzamiento de la primera Mesa de Control Social de la Región Metropolitana, una iniciativa presentada como un mecanismo para fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
El anuncio fue encabezado por la presidenta del organismo, Emma Polanco Melo, apenas días después de que la institución dejara sin efecto la Resolución ADM‑2026‑017, que autorizaba incrementos salariales de hasta un 50% para los miembros del Pleno. La medida había provocado críticas de sectores sociales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron que el aumento violaba el artículo 140 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios decidir sobre su propia remuneración durante su gestión.
Durante el acto, Polanco Melo aseguró que la nueva mesa busca abrir canales directos para recibir denuncias y alertas ciudadanas, amparada en la Ley 18‑24, que regula la participación social en la fiscalización del Estado. “Vinimos a escuchar y a trabajar juntos”, afirmó, prometiendo una Cámara de Cuentas “abierta y dispuesta a acompañar a la ciudadanía”.
El director de Control Social, Bernardo Matías, explicó que la mesa funcionará como un espacio plural donde organizaciones sociales podrán vigilar, proponer y dar seguimiento a casos priorizados. Entre los asistentes estuvieron representantes de Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, el Codue y el Foro Ciudadano, quienes valoraron la iniciativa, aunque algunos sectores mantienen reservas sobre su efectividad.
La creación de la mesa ocurre en medio de un clima de desconfianza hacia la institución. El intento de aumento salarial no solo generó indignación por el monto —en un contexto de baja productividad y pocas auditorías publicadas—, sino también por la controversia alrededor de los ingresos de Polanco Melo, quien combina su salario actual de RD$ 423,500 con una pensión estatal superior a RD$ 400,000, superando los RD$ 800,000 mensuales.
Aunque el Pleno revocó la resolución tras la presión social, el episodio dejó en evidencia tensiones internas y cuestionamientos sobre la gestión administrativa del órgano. Con la nueva Mesa de Control Social, la Cámara de Cuentas busca recuperar credibilidad y demostrar apertura, mientras la ciudadanía observa con cautela si esta iniciativa será un verdadero instrumento de fiscalización o una respuesta estratégica ante la crisis reputacional.
Author: Redacción
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