TC concluye el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con un firme llamado a defender las garantías procesales y la independencia judicial

 

• El presidente del órgano constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, enfatizó que «defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución y la dignidad humana».

• El evento reunió durante tres días a más de 500 participantes por jornada y a más de 45 juristas e investigadores provenientes de nueve países en El Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino .

• Especialistas examinaron el impacto de las sentencias del TC en la reciente reforma integral del Código Procesal Penal (Ley 97-25), el populismo penal, la extinción de dominio y el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia.

SANTO DOMINGO. — Con un enérgico llamado a consolidar la cultura constitucional, garantizar la independencia de la magistratura frente a las presiones externas e internas y fortalecer los límites al poder punitivo del Estado, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC) concluyó con éxito el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado al tema «El debido proceso constitucional en materia penal».

Durante tres intensas jornadas de debate académico que congregaron a más de 500 asistentes diarios, una delegación de más de 45 expertos procedentes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y la República Dominicana analizó a profundidad los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales contemporáneos.

Discurso inaugural: el debido proceso como límite al poder

Al dejar iniciados los trabajos académicos, el magistrado presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, conceptualizó el debido proceso no como una mera formalidad, sino como un principio jurídico-procesal fundamental consagrado en el artículo 69 de la Carta Magna, que impone límites precisos al ejercicio del poder público en una sociedad democrática.

Recurriendo al pensamiento del jurista italiano Luigi Ferrajoli, el presidente del TC recordó que «las garantías son los límites y las condiciones del correcto proceso». Asimismo, sentenció:

«Defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia».

En su alocución, Estévez Lavandier destacó la línea jurisprudencial trazada por el pleno del Tribunal Constitucional durante el año 2024 en temas trascendentales como:

1. La revisión jurisdiccional del habeas corpus.

2. La fijación de límites a la reserva de la carpeta fiscal por parte del Ministerio Público.

3. La notificación formal de sentencias al abogado del imputado privado de libertad.

4. La delimitación temporal de los archivos provisionales y definitivos.

5. La presencia obligatoria de la defensa técnica en la actividad probatoria.

Estos criterios jurisprudenciales fueron incorporados de manera integral en la reciente reforma al Código Procesal Penal aprobada mediante la Ley 97-25, promulgada en diciembre pasado.

Rechazo a la sustitución de jueces por inteligencia artificial

El acto protocolar contó con las palabras de bienvenida de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la intervención motivacional del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quienes resaltaron el rol fundamental del TC en el acercamiento de la justicia constitucional a la ciudadanía.

Posteriormente, el Dr. Luis Greco (Universidad Humboldt de Berlín) dictó la conferencia magistral inaugural «El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot». Greco sostuvo que, aunque el uso de algoritmos e inteligencia artificial generativa es técnicamente posible, resulta éticamente inaceptable e incompatible con el marco normativo, ya que implica «ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador».

Homenaje a Robert Alexy

Al cierre de la sesión de apertura, el magistrado Estévez Lavandier rrendió homenaje a la memoria del destacado catedrático e investigador alemán Robert Alexy, recientemente fallecido, citando una de sus máximas: «El ejercicio del poder jurídico no se agota en la autoridad de quien decide; exige razones capaces de justificar la decisión y hacerla compatible con los derechos fundamentales».

Debates de la segunda jornada: populismo penal, motivación judicial y novedades normativas

La segunda jornada del congreso concentró nueve conferencias y dos paneles sobre la aplicación del derecho penal en la práctica cotidiana y en las reformas procesales.

• Derecho penal del enemigo y proporcionalidad: El catedrático español Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid) advirtió sobre los riesgos del establecimiento de regímenes procesales restrictivos para ciertos delitos. A su vez, la Dra. María Sagüés (Universidad Austral) analizó el estándar de debida diligencia según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

• Populismo penal y rol de los tribunales: El Dr. Eduardo Jorge Prats (PUCMM) enfatizó que el derecho penal está concebido para contener la arbitrariedad punitiva y limitar las pulsiones autoritarias de la sociedad. Por su parte, el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), instó a mantener una relación de diálogo y colaboración entre cortes supremas y tribunales constitucionales, mientras que Gerardo Eto Cruz, exjuez del Tribunal Constitucional del Perú, urgió a los magistrados a mantenerse firmes frente a cualquier tipo de injerencia o presión externa.

• Motivación y neutralidad: El exjuez del Tribunal Supremo de España, Perfecto Andrés Ibáñez, aseveró que «lo que no se puede motivar, no se debe decidir», calificando la fundamentación como la mayor garantía contra la arbitrariedad. En esa misma línea, el Dr. Michael Hassemer (Universidad de Kaiserslautern, Alemania) abordó las dimensiones política, ideológica y religiosa de la neutralidad judicial, mientras que el magistrado peruano Helder Domínguez Haro recalcó que la legitimidad democrática de la justicia se sustenta en resoluciones comprensibles y predecibles. El procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, analizó el uso comparado de la potestad sancionadora en la administración pública.

• Análisis de la reforma del Código Procesal Penal: En un panel especializado, la jurista Emery Colomby Rodríguez examinó las restricciones de la nueva reforma legislativa a la luz del texto constitucional; el jurista Francisco Álvarez ponderó la evolución jurisprudencial que vive el país en favor de los ciudadanos; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), analizó la flexibilización procesal en las salidas alternas; el jurista Roberto Quiroz (Defensor del Pueblo) aclaró que la jurisdicción privilegiada busca tutelar la función pública y evitar persecuciones políticas, y Wilmer Espinosa, director jurídico del TC, expuso el impacto jurisprudencial de la alta corte en la modificación legislativa.

• Prácticas distorsionadas en el proceso: Bajo la moderación del magistrado Fran Soto (juez de la SCJ), el jurista Pedro Balbuena evaluó los alcances del escrito acusatorio; la magistrada Elka Reyes analizó las deficiencias en la audiencia preliminar; el procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, expuso sobre el uso de las medidas de coerción, y el magistrado Claudio Aníbal Medrano detalló la función de dirección del juez en la vista oral.

Jornada de clausura: extinción de dominio, derechos de las víctimas e independencia judicial

La sesión final abordó de forma crítica la interacción entre las diferentes ramas del derecho sancionador y el papel garantista del juzgador.

• Sistema comparado y extinción de dominio: El Dr. Luis Chiesa (Universidad de Buffalo) expuso sobre las garantías constitucionales en el procedimiento penal estadounidense, en tanto que el Dr. Julián Andrés Pimiento Echeverri examinó el debido proceso en los juicios de extinción de dominio. Los efectos prácticos de esta figura en la República Dominicana fueron debatidos en una mesa redonda moderada por el magistrado del TC Manuel Ulises Bonnelly Vega, con las intervenciones de Marko Magdic (INL-PADF), la magistrada Rosanna Vásquez, el procurador especializado Pelagio Alcántara Sánchez y el exjuez de la SCJ Juan Hirohito Reyes.

• Victimología y Derecho Penal Internacional: La Dra. Alicia Gil Gil (UNED, España) disertó sobre «Constitución y derecho penal internacional», mientras que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dictó la conferencia «Derecho de las víctimas en el proceso penal», en la cual analizó la tutela efectiva de las personas afectadas por el delito.

• Derecho Administrativo Sancionador y Jurisprudencia del TC: Bajo la moderación del magistrado del TC José Alejandro Ayuso, un panel compuesto por Alejandro Peña Núñez, Manuel Fermín Cabral, Edward Abreu Acevedo y Miguel Valerio analizó las fronteras entre el derecho penal y el administrativo sancionador. Seguidamente, el Dr. Luis Arroyo Zapatero (Universidad de Castilla-La Mancha) ofreció la conferencia «Derecho penal y Constitución». Los trabajos académicos concluyeron con un conversatorio sobre la jurisprudencia procesal penal del TC, moderado por la secretaria de la corte, Grace Ventura Rondón, con las ponencias de Arlette Rodríguez, María del Pilar Zuleta, Nassef Perdomo y Ana Giselle Valerio.

Cierre de los trabajos: la figura central del juez independiente

En las conclusiones del evento, la magistrada del TC Army Ferreira, en rol de relatora general, enfatizó que las discusiones evidenciaron la convergencia armónica entre el derecho penal y el constitucional, señalando que la sostenibilidad del Estado social y democrático de derecho trasciende las divergencias de rol que asume cada actor del sistema.

Al pronunciar las palabras de clausura, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, reafirmó que el peso de las garantías del debido proceso recae sobre la figura del juzgador, quien debe actuar como muro de contención frente al populismo y la arbitrariedad:

«El juez penal es, sin duda alguna, quien tiene el control total para exigir el debido proceso. Que el Ministerio Público sea arbitrario, o el abogado litigante sea temerario, o la opinión pública sea populista, poco importa si frente a la etapa en que se encuentra el proceso hay un juez verdaderamente independiente de presiones, sean estas internas o externas».

Estévez Lavandier expresó su plena confianza en el cuerpo judicial dominicano («Yo apuesto a los jueces independientes de esta República Dominicana y sobre los jueces del Tribunal Constitucional lo garantizo»), concluyendo que todas las instituciones del sistema caminan en la misma dirección para asegurar una justicia penal expedita, garantista y centrada en la dignidad humana.