Santo Domingo, RD. – La política comercial dominicana acaba de entrar en una nueva etapa con una decisión que impacta directamente a uno de los productos más importantes de la dieta nacional. El presidente Luis Abinader derogó el decreto que durante casi dos años sirvió como mecanismo de protección para la producción arrocera local, eliminando así un régimen arancelario que imponía gravámenes de hasta un 99 % a determinadas importaciones de arroz procedentes del exterior.
La medida quedó establecida mediante el decreto 635-26, que dejó sin efecto el decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024 con el objetivo de proteger a los productores nacionales frente a los cambios contemplados en el calendario de desgravación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.
Hasta ahora, el esquema permitía la entrada de una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles. Sin embargo, una vez superado ese límite, las importaciones quedaban sujetas a una tasa que podía alcanzar el 99 %, convirtiéndose en una barrera de protección para la producción local.
La decisión de derogar esa normativa llega en un momento particularmente sensible para las relaciones comerciales entre Santo Domingo y Washington. Durante las últimas semanas, representantes estadounidenses habían manifestado su interés en que República Dominicana eliminara las restricciones adoptadas mediante el decreto ahora derogado, argumentando la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos dentro del DR-Cafta.
El tema fue abordado recientemente durante conversaciones entre funcionarios de ambos países, incluyendo intercambios entre representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y autoridades dominicanas encabezadas por el canciller Víctor “Ito” Bisonó.
El arroz ocupa un lugar estratégico dentro de la economía agropecuaria nacional y de la seguridad alimentaria. Datos citados por especialistas del sector indican que los dominicanos consumen alrededor de 65 kilogramos de arroz por persona cada año, mientras que la producción local ha llegado a cubrir aproximadamente el 96 % de la demanda interna.
Precisamente por esa relevancia, la derogación ha comenzado a generar interrogantes entre productores, economistas y sectores vinculados al agro, que observan con atención las posibles repercusiones que podría tener una mayor apertura del mercado sobre los niveles de producción, los precios y la competitividad del cereal dominicano.
Mientras algunos consideran que la medida fortalece el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales, otros advierten sobre los desafíos que podría enfrentar un sector estratégico para la alimentación nacional.
El debate apenas comienza. Lo cierto es que la eliminación de la protección arancelaria marca un punto de inflexión en la política agrícola y comercial dominicana, en momentos en que el país busca equilibrar sus compromisos internacionales con la protección de uno de los pilares de su seguridad alimentaria.
Author: Redacción
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