Por Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo, Consultor en Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.
Activista Social
Al aprobar la Ley 87-01 con la que se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), los legisladores decidieron implementar en él una gestión tripartita, similar a la que funciona en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), cuyo Consejo Directivo ha demostrado ser muy funcional, efectivo y eficaz.
Lamentablemente, en el caso de la Seguridad Social la gestión tripartita ha sido un verdadero fracaso, que ha desnaturalizado un sistema llamado a convertirse en el eje trascendental de bienestar social de la población dominicana, que debió constituirse en el principal catalizador del cumplimiento de los deberes fundamentales de los ciudadanos, de su dignidad y el bienestar de toda la población.
La triste realidad es que tenemos un sistema en el cual el único sector que actúa coordinado es el sector empleador (sector privado), alineado a la defensa permanente de los intereses de los negocios parasitarios insertados en la seguridad social. El sector gubernamental y el sector laboral, totalmente desarticulados y aislados, lamentablemente constituyen actores complacientes y subordinados a los intereses de los empresarios.
Los representantes de los trabajadores no tienen la más mínima consciencia de su papel en los órganos en los que participan. No tienen ninguna vinculación con los afiliados a quienes deberían representar, ni conocen sus necesidades y mucho menos sus consideraciones. Actúan aisladamente y, de forma evidente, parecen vender o ceder su voto irreflexivamente.
Cuando uno les pregunta a los representantes laborales sobre un tema de interés de los Afiliados, recibe respuestas vacías, enmarcadas en expresiones de temor, evasivas y vergüenza. Si uno analiza las Resoluciones de los órganos de dirección en los que estos representantes laborales participan, encontramos múltiples atropellos de los derechos de las personas afiliadas, que ellos ignoran que se están conculcando y que fueron aprobadas con su voto favorable.
Los representantes del sector gubernamental nunca han podido unificarse y actuar con sentido unificado, como Gobierno. Mucho menos han podido impulsar políticas públicas en cumplimiento de su mandato principal de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país y los acuerdos internacionales de los que somos signatarios.
“Divide y vencerás”, parece ser la estrategia con la que el sector empleador manipula los órganos de dirección y control de la Seguridad Social.
En la complejidad del SDSS emerge una institución digna de admirar y resaltar en cuanto a la claridad meridiana en la que desde su origen, asumió su rol como entidad pública, llamada a ser un referente sectorial, un contrapeso de los actores del sector privado, que permitiera mostrar que desde lo público se puede hacerlo y sobre todo que se puede hacerlo bien.
Nos referimos al Seguro Nacional de Salud (SENASA), la ARS Pública que tiene claro la responsabilidad que le corresponde en el arcoíris de intereses que conforman el componente de Salud en el SDSS.
El SENASA puede mostrar en su historia una amplia lista de importantes logros que han servido de referentes para la implementación de políticas públicas del sector salud en la seguridad social.
SENASA es una institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.
La Misión del SENASA es “Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad a nuestra población afiliada, a través de una administración efectiva de riesgos y socialmente comprometida.”
La Visión que guía la actuación del SENASA es “Ser la aseguradora de riesgos de salud de referencia nacional, con reconocimiento internacional, de mayor fidelización, preferencia y valoración por los usuarios.”
Al observar la formulación de la Misión y Visión de la AFP Reservas notamos algunas similitudes y grandes diferencias en los fundamentos estratégicos de esta y la de la ARS SENASA, veamos:
La Misión de la AFP Reservas es “Administrar los Fondos de Pensiones de forma ética y eficiente, para otorgar una pensión que contribuya a mejorar la calidad de vida presente y futura de nuestros afiliados y al bienestar socioeconómico de los dominicanos.”
Al analizar la formulación de cómo entiende la ARS Reservas que es su Misión institucional, notamos que esta no asume como parte de su función principal el ser una AFP Pública, se visualiza como una empresa, aunque pública y por eso vemos que hasta es miembro de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), institución que agrupa las principales AFP privadas del país.
La AFP Reservas se maneja como una AFP privada y en nada asume el papel que debería desempeñar como AFP Pública. Es una deficiencia que está asumida desde el inicio mismo, desde la creación de la AFP Reservas. El Banco de Reservas es una empresa pública y esa condición de seguro que influenció que la AFP Reservas naciera con un mal congénito, agravado con afiliación a la ADAFP, influencia que eliminó cualquier asomo de diferenciación que pudiera existir en la naciente AFP Reservas.
En el SDSS no existe una verdadera AFP Pública y en caso de que se decidiera que el sistema de capitalización individual siguiera operando en el país, bien haría el CNSS en propiciar que se creara una AFP Pública que verdaderamente pudiera desempeñar su papel de entidad pública, de contrapeso a los intereses de los negocios insertados a la seguridad social como AFP.
La Visión de la AFP Reservas es “Ser referente en el Sistema Dominicano de Pensiones por el compromiso, la excelencia en el servicio, el cuidado a nuestros afiliados y la rentabilidad de los fondos.”
La forma en la que la AFP Reservas quiere ser reconocida en el futuro es congruente con la desacertada forma en la que esta entidad pública entiende su razón de ser. Para nada se asume como una institución llamada a ser un catalizador de buenas prácticas y cumplimiento de derechos de los afiliados, más bien aspira a ser reconocida como una entidad privada cualquiera.
La verdad es que la AFP Reservas se asume como una empresa pública y como tal, le queda corta al concepto de AFP Pública, entendemos que en la práctica no existe una AFP Pública en el Sistema Dominicano de Seguridad Social como ya hemos dicho.
Quizás el error se cometió en darle esta connotación a una institución que forma parte del Banco de Reservas que funciona como una empresa pública.
Nos parece que al Sistema de Pensiones Dominicano le convendría tener una verdadera AFP Pública que pueda asumir una visión distinta a la de las AFP privadas que por definición entienden su participación en el Sistema de Pensiones como una oportunidad de negocio rentable, en el que su prioridad es la obtención y el aseguramiento de ganancias, más que el de cumplir con los derechos de los afiliados o fomentar el bienestar en la población, como debería ser el de las instituciones públicas tal y como está llamada a ser la AFP Pública.
Aunque ahora no sabemos cuál es el futuro de la Modificación Integral de la Ley 87-01, debido a que escuchamos que la misma ha perimido, entendemos que el país necesita un cambio en el sistema de pensiones que si bien no elimine las AFP, por lo menos les quite la obligatoriedad de que las personas afiliadas tengan que afiliarse a una AFP y las convierta en alternativas opcionales para mejorar la pensión que reciban las personas afiliadas.
Estamos de acuerdo con la propuesta presentada durante el pasado año 2023 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Juan Bosch y Fundación Sol de Chile, en la que con estudios actuariales se sustenta la factibilidad y sostenibilidad económica de la modificación integral del actual sistema de pensiones basado en el fracasado sistema de capitalización individual, por uno que se base en un sistema obligatorio de pensiones, sustentado en un sistema de reparto moderno, que garantice pensiones dignas a todas las personas con distintas opciones de pensiones, contributivas, no contributivas u opcionales, obligatoria o no, y hasta la opción para ahorros opcionales.
Esta propuesta se sustenta en la concepción de un esquema de protección social con un enfoque bidimensional, conforme al planteamiento propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se incluye un Piso Componente 0 Básico de Protección Social, de carácter no contributivo y de protección social, que contempla otorgar una pensión básica a las personas de más de 60 años afiliadas al sistema de pensiones que no cumplan requisitos de acceso para recibir una pensión de vejez contributiva y que tendría alcance universal, incluyendo a quienes no hayan cotizado al sistema.
También la propuesta contempla un Componente 1 Seguro Social Obligatorio, basado en un sistema de reparto moderno, que garantice prestaciones predefinidas y que genere certidumbre.
Adicionalmente, la propuesta incluye un Componente 2 Regímenes Complementarios, dentro de los cuales podrían estar las AFP, las cuales tendrían que competir para captar las inversiones opcionales de las personas afiliadas para mejorar las pensiones que recibirían del Seguro Social Obligatorio basado en un sistema de reparto moderno.
Finalmente, la propuesta contempla el Componente 3 Ahorro Personal Voluntario.
La República Dominicana necesita una reforma responsable de la Seguridad Social, que garantice verdaderamente los derechos de la población y le ofrezca certidumbre, en vez de simplemente favorecer a los intereses de los negocios insertados en la seguridad social. Esta reforma es posible y debe ser asumida por todos los sectores de la vida nacional antes de que sea tarde y el costo social sea demasiado alto.
Author: Redacción
Medio digital de comunicación de República Dominicana
