El Ministerio Público informó que colocaba el nombre de “Operación Cobra” a este caso.
Santo Domingo, R.D. – La defensa de los imputados en el presunto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) depositó formalmente recursos de apelación contra la decisión que dictó 18 meses de prisión preventiva para los principales señalados en el caso denominado por el Ministerio Público como “Operación Cobra”.
La impugnación busca revocar la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el proceso como caso complejo.
Los recursos fueron presentados por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes manifestaron su inconformidad con la medida de coerción impuesta.
El expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, dirigida por el magistrado Julio César Canó Alfau, quien designará la sala penal encargada de conocer los recursos.
Los imputados
Entre los enviados a prisión preventiva en el CCR Las Parras y la cárcel de Najayo figuran:
- Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa)
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
Asimismo, la parte querellante, representada por Miguel Surún Hernández, apeló las medidas impuestas contra Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica.
El esquema delictivo
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó durante varios años, defraudando miles de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud. Los cargos incluyen:
- Coalición de funcionarios y prevaricación
- Asociación de malhechores
- Estafa contra el Estado dominicano
- Desfalco
- Cobro de sobornos y lavado de activos
- Falsificación y uso de documentos falsos
Investigaciones en curso
El órgano acusador enfatizó que el caso no está cerrado y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.