Brasilia, (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha apartado de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de ayer domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
Las fuerzas de seguridad ya recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.
Al menos 300 partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro han sido ya detenidos por este intento de golpe.
La Policía Civil de Brasilia ha asegurado que las investigaciones seguirán «hasta que el último integrante sea identificado».
Los hechos, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, ocurrieron exactamente una semana después de Luiz Inácio Lula da Silva asumir la Presidencia de Brasil.
Ante los graves altercados, el presidente Lula, que se encontraba de viaje en el interior de Sao Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que las fuerzas de seguridad de Brasilia estarán bajo control directo del Gobierno federal.
El dirigente progresista ha prometido en un pronunciamiento encontrar y castigar a los «vándalos fascistas» que «destrozaron todo lo que encontraron a su paso» en Brasilia e identificar a los posibles «financiadores» de esos actos antidemocráticos.
El episodio vivido ha recordado a la invasión del Capitolio de Estados Unidos ocurrida el 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro.
Al menos 10 periodistas agredidos en los actos golpistas
El Sindicato de Periodistas de la capital brasileña ha contabilizado diez casos en los que periodistas de medios brasileños y extranjeros que cubrían estos sucesos fueron agredidos o robados en Brasilia.
Entre los agredidos, se encuentra una periodista de la revista New Yorker, que recibió golpes y fue derribada por los manifestantes, y una fotógrafa del medio brasileño Metrópoles fue golpeada a puñetazos y patadas por diez hombres.
Otros profesionales, del diario O Tempo y de la televisión Jovem Pam, fueron agredidos y los atacantes les llegaron a amenazar con armas de fuego.
Los radicales también obligaron a varios fotógrafos a borrar las imágenes que habían tomado, entre ellos un profesional de la Agencia EFE.
Castigar «con urgencia» a radicales
El presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Pacheco, pidió castigar de forma «urgente» y con el «rigor de la ley» a los radicales bolsonaristas que han invadido las sedes del Parlamento, la Presidencia de la República y la Corte Suprema, en Brasilia.
«Repudio vehementemente estos actos antidemocráticos, que deben sufrir el rigor de la ley con urgencia», afirmó Pacheco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El senador informó que está en «contacto permanente» con el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien le aseguró que «está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial» para «controlar la situación».
«En la acción, están empeñadas las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, además de la Policía Legislativa del Congreso», añadió Pacheco.
Author: CRDMedia
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