Santo Domingo, RD. – El llamado Caso Calamar, uno de los procesos judiciales más mediáticos en República Dominicana, enfrenta una profunda fractura interna tras una jornada caótica en el tribunal. En la audiencia del pasado viernes, varios abogados de los querellantes contradijeron abiertamente al Ministerio Público, asegurando que “los pagos fueron realizados conforme a derecho y no existió desfalco”.
La sesión cerró con la intervención del abogado querellante Pablo Castillo, seguida por la defensa de Ángel Lockward, quien desmontó punto por punto las acusaciones en su contra. Lockward reiteró que no conocía a Gonzalo Castillo, Ramón Peralta ni Donald Guerrero, y que nunca les entregó dinero, sino que aportó a la campaña de Luis Abinader. Su exposición fue tan contundente que Castillo desistió de la querella contra Lockward y el exministro Guerrero en pleno tribunal.
Otros abogados, como Moisés Sánchez, también cuestionaron la narrativa del Ministerio Público sobre la expropiación de terrenos en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Sánchez señaló que los pagos se realizaron conforme a sentencias firmes y que el verdadero beneficiado fue Fernando Crisóstomo, a quien calificó como “el villano favorito del MP” por haber recibido un criterio de oportunidad.
En ese contexto, representantes legales de las familias propietarias de los terrenos —entre ellos Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— retiraron formalmente sus querellas contra Donald Guerrero, alegando que no hubo complicidad ni irregularidades por parte de Hacienda.
El tribunal también validó los desistimientos presentados desde diciembre por la familia Reyes, representada por José E. Cuevas, Marino Elsevif, Fernando López Nicasio y Eugenio de la Rosa, aunque sus intervenciones fueron pospuestas.
El juicio continuará el próximo jueves con la exposición del abogado Braulio Castillo, representante de la familia Mota, que ha suscrito acuerdos con el Estado. También se espera la participación de otros actores vinculados al caso del Parque del Este, aunque fuentes judiciales advierten que muchos carecen de títulos registrados o contratos firmados con el Estado.
La divergencia entre los querellantes y el Ministerio Público —unos piden que se pague lo que corresponde, otros insisten en que hubo fraude— ha generado un choque legal sin precedentes. La abogada Ingrid Hidalgo calificó esta contradicción como “un imposible jurídico” bajo el artículo 302 del Código Procesal Penal, un punto que la jueza Altagracia Ramírez dejó pendiente de decisión.
Author: Redacción
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