Santo Domingo, RD. – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra todos los imputados en el pago de sobornos por la compra de aviones brasileños Tucano, en la administración del presidente Leonel Fernández.
La decisión fue adoptada por un tribunal colegiado, encabezado por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por Arisleida Méndez y Elías Santini.
El Ministerio Público presentó las pruebas, documentales y testimoniales, y ofreció datos contundentes sobre la admisión del pago de los sobornos en el país por parte de la empresa brasileña Embraer, que a su vez fue condenada al pago de cientos de millones de dólares en los Estados Unidos, por ser una compañía con cotización en la bolsa de valores de ese país.
La referida decisión del tribuna colegiado se tomó el 14 de septiembre pasado, y el argumento del tribunal fue que la extinción de la acción penal era válida porque se cumplió el plazo de los cuatro años que asigna el Código Penal para la extinción de los casos de persecución. No importa quién haya sido responsable de la extensión del tiempo en el proceso judicial. En el pasado los jueces y tribunales analizaban la responsabilidad de las partes, y a partir de los procesos y chicanas puestos en práctica se extendían los plazos.
Aunque este caso es importante, porque implicó un soborno comprobado, a la dirección del Poder Judicial parece no interesarle decisiones oprobiosas como esta.
Acaso en ese triste momento resonarán los versos del Poeta Nacional Pedro Mir: “Este es un país que no merece el nombre de país”.
Incluso, hay casos del otorgamiento de fianzas a conocidos delincuentes, sin arraigo y apresados in franganti en la comisión de delitos criminales. Todo el mundo sabe que una fianza implica una invitación a una fuga a un extranjero criminal y narcotraficante. Y pareciera que tampoco hay interés en investigar a los jueces cómplices de delincuentes y criminales que utilizan estas debilidades del proceso judicial.
En el caso Tucano hay visos de complicidad, deliberada confabulación con los imputados y la voluntad de que ese delito quedara impune, y al parecer así quedará, pese al recurso de oposición a la sentencia que presentará el Ministerio Público.
En el caso Medusa parece que se transita por la misma senda. Se está alargando vicariamente el proceso. Se ha pedido la lectura completa de 12 mil páginas, incluyendo las pruebas, en una decisión preliminar, cuando el resumen del caso pudo haberse hecho en unas cuantas horas, y que fuera conocido en el fondo, porque lo que sobra en este proceso es la gran cantidad de pruebas inculpatorias que ha reunido el Ministerio Público.
El caso Medusa quedaría resuelto con la absolución total de todos los encartados, con una sentencia cónsona con la estrategia que ha puesto en marcha la defensa del señor Jean Alain Rodríguez: obligando la lectura completa en la fase preliminar, y de seguro obligando también la lectura completa en la fase de fondo, como si se apostara a vencer por cansancio a la parte contraria y a la autoridad judicial. Esto, además de las interrupciones que se producen por las ausencias manipuladas de ciertos imputados, para posponer el proceso. Y dentro de dos años declarar la nulidad de la acusación por extinción planificada de una de las partes. Y todo el mundo para sus casas, tranquilos, sin importar el esfuerzo de investigación del Ministerio Público y la política de transparencia de esta administración.
Los días han pasado, y está clara la disposición de la sociedad, del Poder Judicial, de los partidos y de los actores vinculados con la transparencia (no hay nada que hacer), como si fuera inevitable que la extinción de los cuatro años siga imponiéndose tranquilamente, como ya ha ocurrido con el caso Tucano. Además de vergüenza y conmiseración, este país sigue siendo motivo de mucha pena por las complicidades institucionales de las que ha sido víctima. Acaso en ese triste momento resonarán los versos del Poeta Nacional Pedro Mir: “Este es un país que no merece el nombre de país”.
Author: Redacción
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