El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó anoche a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai), tras declararlo culpable del asesinato a tiros del entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
El tribunal ordenó que De la Mota cumpla la pena en la cárcel de Najayo. Tomó la decisión tras acoger el dictamen del ministerio público, representado por las fiscales adjuntas Magalis Sánchez, María Silvestre y Laura Toledo, sobre su culpa en los hechos y le fuera impuesto el máximo de la pena.
En la audiencia, el ministerio público estableció que de la Cruz Mota planificó el asesinato de Jorge Mera porque este se oponía a otorgarle permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas, a través de la empresa Aurum Gavia, S.A, al no cumplir con los requisitos para otorgarle ese tipo de licencia medioambiental.
Las fiscales calificaron la acción del acusado como “asesinato y porte ilegal de armas de fuego”, delitos que están tipificados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que penalizan el asesinato y el porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
El hecho ocurrió el 6 de junio de 2022 en su despacho del edificio gubernamental, ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional.
Al tribunal comparecieron los peritos que participaron en la escena del crimen, quienes testificaron que Cruz de la Mota disparó 13 veces a Jorge Mera.
El asesino había dicho que disparó tres veces, contradiciendo la versión del Ministerio Público, que tuvo que acudir a peritos técnicos balísticos de la Policía y a otros colectores de evidencias en la escena del crimen.
En la audiencia, que se inició próximo a las 3:00 de la tarde, fueron escuchados unos siete testigos, seis de ellos peritos que participaron en la escena del crimen, incluyendo a Dilia Leticia Jorge Mera, quien fue escuchada como testigo y víctima.
El ministerio público pidió a los jueces sentenciar al imputado en perjuicio de los familiares de la víctima, quienes se constituyeron en actor civil a través del abogado Miguel Valerio, quien pidió al tribunal condenar al imputado al pago de una indemnización de 50 millones de pesos.
El acusado Cruz de la Mota cumplía una medida de coerción de un año, preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En la audiencia el abogado del imputado, Moises Montanilla refutó la calificación jurídica dada por el MP a la acusación alegando que se trató de un homicidio y no un asesinato
Author: CRDMedia
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