Declaración Pública

Santo Domingo, R.D.

Por medio de la presente declaración pública, en nuestra calidad de ciudadanos dominicanos, pertenecientes a los más diversos sectores políticos, sociales y nacionales, vivamente preocupados por las diversas y complejas situaciones de crisis que impactan a la República en sus ordenes fundamentales, y por las respuestas de políticas públicas que dan a las mismas los poderes gubernamentales , nos sentimos en el deber de expresar con toda responsabilidad y claridad, lo siguiente:

1. Desaprobamos enérgicamente la decisión del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, contenida en la Resolución 00048 por contravenir flagrantemente la Constitución de la República.

Dicha resolución, afecta de modo severo, en forma injustificada e irrazonable, derechos y libertades fundamentales del pueblo dominicano, dando un giro radical a la política inicial del gobierno dominicano, que expresamente enfatizó que los procesos de vacunación tendrían carácter voluntario.

Especialmente, nos preocupa que esa sorprendente decisión pretende forzar la vacunación de niños y adolescentes a partir de 12 años de edad, implicando altos riesgos para ese grupo etario, razón por la cual no se ha iniciado en la mayoría de los países del mundo.

2. Respaldamos, en principio, que el gobierno dominicano haya acordado en el Consejo Nacional de Migración, medidas preparatorias para perseguir y sancionar la contratación de trabajadores haitianos en situación migratoria irregular, así como también en violacion de las normas constitucionales y legales sobre nacionalización del trabajo.

Sin embargo, nos sentimos en la obligación de advertir, que dada la grave situación imperante, que configura una virtual ocupación creciente del territorio nacional, urge que el gobierno adopte medidas complementarias de mayor alcance y eficacia, como serían la creación de un fondo de mecanización y tecnificación de la agropecuaria; incentivos a las políticas de prefabricados en la industria de la construcción y la apertura de programas de capacitación para trabajadores dominicanos del sector, con mejorías de las tarifas salariales vigentes; reorientacion del programa de subsidios sociales, para que no se siga penalizando a los trabajadores dominicanos, en especial, en las zonas agrícolas o remotas; la institución del importante Servicio Social para el Desarrollo previsto en el 75-4 de la Constitución de la República, así como la restauración del año escolar cafetalero, entre otras medidas.

3. Reiteramos nuestro respaldo a la urgente construcción de un Muro Fronterizo para la Buena Vecindad, a lo largo de la línea de demarcación con la turbulenta República de Haití, anunciado por el Presidente Luis Abinader, a la vez que reclamamos que las autoridades dominicanas, adopten cuanto antes las debidas providencias para poner fin a las groseras violaciones del espectro radioeléctrico, que se vienen realizándose desde Haití, en todas las provincias fronterizas, y que constituyen una agresión de la soberanía nacional y desconocimiento de acuerdos internacionales.

La poblaciones dominicanas están sufriendo de diferentes modos las consecuencias negativas de lo que parecería una especie de guerra electrónica encubierta, tras el aparente estado de anarquía que impera en nuestro vecino insular.

Además, sugerimos que se formule una estrategia efectiva y realista que preserve y levante los valores culturales y patrióticos de la dominicanidad en esa estratégica región, conforme lo ordena la Constitución de la República.

Exhortamos también al Congreso Nacional a reforzar y completar un marco legal fronterizo adecuado, que contribuya a la repoblación, seguridad y prosperidad de sus esforzadas comunidades para que sigan siendo dominicanas en tierra dominicana.

4. Hacemos un llamado al gobierno dominicano a replantearse el importante tema de la necesaria reforma de la Policía Nacional, siendo receptivo a las sugerencias de actores con experiencias y conocimientos, que en entienden que la seguridad ciudadana es un asunto de todos.

Es necesario puntualizar, además, que la reforma policial, en ningún caso debe estar desvinculada de una estrategia integral de seguridad nacional y ciudadana, para que rinda los resultados que se esperan de la misma.

Sobre este particular, muy especialmente, nos permitimos llamar la atención sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales asuman un enfoque realista, que permita a los ciudadanos respetuosos de las leyes y el orden público, contar con acceso, sin restricciones innecesarias o costosas, al ejercicio responsable, legal y entrenado del porte y tenencia de armas letales y no letales, para fines de su legítima defensa personal, familiar y patrimonial, contra los ataques de la criminalidad común y organizada.

Muchas restricciones al comercio legal de Armas sólo estimulan el trasiego ilegal de las mismas, en detrimento de la seguridad ciudadana y nacional.

Asimismo, hacemos un llamado a reforzar los importantes roles de protección y disuasión que están llamados a cumplir tanto las empresas de seguridad privada, así como la reservas de las FFAA y la Policía Nacional.

Finalmente, demandamos del Congreso Nacional aprobar modificaciones a la Ley General de Armas, que corrijan las incongruencias y lagunas que acusa la norma vigente, que respondió más la visión de los organismos internacionales o agendas foráneas inconfesables que a las necesidades de la nación dominicana, su gente y su cultura.