Por Albin Cepeda
CRDmedia
La polémica decisión tomada por tres miembros del TSE el pasado viernes ha dejado al descubierto la disposición del gobierno de Luis Abinader a acciones extremas. Ignorando la Constitución y las leyes pertinentes, esta sentencia se erige como un adefesio jurídico sin precedentes en la historia judicial dominicana.
Incluso en los tiempos de Lilís y el sátrapa Trujillo, no se registró una situación tan delicada. Estos tres jueces, más que actuar como representantes de la justicia, se comportaron como militantes políticos extremos, revelando que no están a la altura del cargo que ostentan.
El tribunal carece de competencia para involucrarse en conflictos gremiales o jurídico-técnicos que no estén vinculados directamente a disputas electorales de partidos políticos. Tanto la Constitución como las leyes orgánicas del TSE y de procedimientos constitucionales establecen claramente sus funciones y atribuciones, y este veredicto constituye un atropello a la institucionalidad democrática del país.
Esta aberración legal no solo representa un desafío a la democracia dominicana, sino también una advertencia inquietante de lo que podría suceder en los próximos procesos electorales. Es evidente que el respeto a la institucionalidad y a los procesos democráticos por parte del Tribunal Superior Electoral está en entredicho.
Author: Redacción
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