
Luego del esperado fallo que puso fin al proceso judicial del caso Odebrecht en República Dominicana, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa anunció que evalúa, junto a su equipo legal, interponer acciones judiciales contra el Estado dominicano y de manera patrimonial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa Panorama de la Tarde, donde Díaz Rúa aseguró que, tras nueve años de proceso, su absolución marca el cierre de una etapa que —según afirmó— estuvo motivada por intereses políticos más que por fundamentos jurídicos.
El exfuncionario sostuvo que la acusación en su contra respondió a un contexto político interno. Señaló que su respaldo al expresidente Leonel Fernández pudo haber influido en lo que describió como una persecución impulsada desde sectores del gobierno del también expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con sus palabras, el entonces procurador Jean Alain Rodríguez habría utilizado el caso Odebrecht como plataforma para proyectar aspiraciones personales. Aunque aclaró que no atribuye motivos estrictamente personales en su contra, sí considera que las decisiones tomadas respondieron a una coyuntura política determinada.
Díaz Rúa enfatizó que su eventual demanda no busca una compensación económica con fines personales. “Aquí debe existir régimen de consecuencia. La justicia tiene que cambiar”, expresó, subrayando que su objetivo es establecer responsabilidades y sentar precedentes en el sistema judicial dominicano.
El caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, impactó durante casi una década la vida política y judicial del país. En República Dominicana, el proceso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción, aunque también fue cuestionado por supuestas motivaciones políticas.
Con la conclusión definitiva del juicio en territorio dominicano, el debate ahora se traslada al plano de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios que encabezaron las investigaciones. La posibilidad de nuevas acciones legales abre un capítulo distinto en la historia del caso.
La absolución de Díaz Rúa también genera interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de investigación y la independencia del Ministerio Público en procesos de alto perfil. Para algunos analistas, el desenlace refleja las tensiones entre justicia y política en el país.
En este nuevo escenario, las declaraciones del exministro podrían convertirse en el inicio de una batalla legal que, más allá de lo personal, busca redefinir el papel de las instituciones frente a casos de corrupción y marcar un precedente en la relación entre poder político y justicia en República Dominicana.