Ecuador decretó el miércoles un nuevo estado de excepción, mientras los indígenas se manifestaban en la capital, Quito, para pedir la reanudación de las conversaciones con el Gobierno, tras más de dos semanas de manifestaciones diarias, disruptivas y a menudo violentas, contra el aumento del coste de la vida.
Las negociaciones para poner fin a las protestas que han sacudido al país sudamericano se suspendieron el martes -en lo que hubiera sido su segundo día- después de que el Gobierno atribuyera la muerte de un soldado a los manifestantes.
Y mientras los manifestantes exigían volver a la mesa de negociaciones, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias en las que, según la presidencia, se “concentra la mayor violencia”.
Sin embargo, eso no incluyó a la capital, donde se han congregado la mayoría de los 14.000 manifestantes estimados.
Al grito de: “No queremos diez centavos, queremos resultados”, varios centenares de personas se manifestaron en el centro de la ciudad, cerca de la sede del Gobierno, que estaba bloqueada por la Policía, vallas metálicas y alambre de púas.
Un manifestante con el tradicional poncho rojo al frente de un grupo de hombres con escudos improvisados se dirigió al resto por megáfono: “Nos quedaremos aquí hasta que el Presidente de la República restablezca el diálogo”.
Y añadió: “Si tenemos que dormir aquí… lo haremos”.
Lasso, en cambio, ha impuesto el estado de excepción durante un mes en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, dijo el secretario general de comunicación de la Presidencia.
El objetivo es crear una “zona de seguridad” en torno a los pozos petrolíferos del país y proteger los suministros de alimentos, medicinas y combustibles en esas provincias, así como el oxígeno utilizado en los hospitales.
Esas provincias son las que “concentran la mayor violencia contra la integridad física de las personas y el suministro de combustible”, dijo Presidencia.
También añadió que la medida, en la que los militares se desplegarán junto a la Policía y se prohíben las manifestaciones, tiene como objetivo garantizar “el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos que son vitales para la economía.”
Lasso había levantado el sábado el estado de excepción en otras seis provincias -incluida Pichincha, donde se encuentra la capital- en una de las varias concesiones a los manifestantes.
El país es un “rehén
Las protestas, que comenzaron el 13 de junio, han sido costosas, con pérdidas de unos 50 millones de dólares diarios para la economía, según el Gobierno, que ha advertido que la producción de petróleo -que ya se ha reducido a la mitad- podría detenerse por completo pronto.
La muestra de descontento en todo el país contra el aumento de la inflación se produce en una economía gravemente afectada por la pandemia de coronavirus.
Las protestas fueron convocadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), a la que se atribuye la destitución de tres presidentes entre 1997 y 2005.
Los indígenas representan más de un millón de los 17,7 millones de habitantes del país sudamericano.
Los manifestantes quieren que se reduzca el precio de los combustibles, que se controle el precio de los alimentos y que se incremente el gasto público en sanidad y educación.
Durante el fin de semana, Lasso anunció otras concesiones en un intento de desbloquear las conversaciones, incluyendo una reducción de diez centavos por galón en los precios del gasóleo y la gasolina a 1,80 y 2,45 dólares respectivamente.
Esta medida no fue bien recibida por los manifestantes, que quieren una reducción a 1,50 dólares para el gasóleo y a 2,10 dólares para la gasolina.
El Gobierno suspendió las conversaciones después de que el Ejército dijera el martes que un soldado murió y cinco policías y siete soldados resultaron heridos en un ataque de manifestantes a la escolta de un camión cisterna en el este del país.
Lasso, horas antes de sobrevivir a una votación de destitución, acusó entonces al líder de la Conaie, Leonidas Iza, de hacer política interesada y prometió que “no negociaremos con quienes tienen a Ecuador como rehén”.
Cinco manifestantes han muerto y cientos de personas de ambos bandos han resultado heridas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que bloquean las carreteras e interrumpen las líneas de suministro.
Unas 150 personas han sido detenidas, según los observadores.