Por Omar Fernández
Ciudadanía RD Media
El principal indicador de que un Estado de derecho moderno goza de una institucionalidad saludable es el nivel de cumplimiento de la ley que exhiben no solo sus ciudadanos, sino también sus autoridades.
Por sexto año consecutivo, este Gobierno se escuda en un tecnicismo para no cumplir con el artículo 327 del Código Tributario, que ordena la indexación del impuesto sobre la renta (ISR) conforme a la inflación del año anterior.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene congelado el salario libre de ISR en RD$34,685.00, cuando, si se cumpliera la ley, nadie debería pagar este gravamen hasta los RD$51,930.00.
Esto, además de ser injusto, es ilegal.
La medida afecta directamente a más de 300 mil trabajadores formales e, indirectamente, a 420 mil empleados con salarios superiores a RD$50,000 mensuales, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Así, sin que aumenten los sueldos reales, más dominicanos terminan pagando más impuestos.
Si se exige que el ciudadano cumpla con sus responsabilidades fiscales, el Gobierno debe también dar el ejemplo y cumplir la ley, en lugar de evadir una disposición creada para proteger a los trabajadores.
La pregunta no debe ser de dónde sacamos el dinero que el Estado dejará de percibir y que hoy se toma del bolsillo de los trabajadores. Esa es la vía rápida de intentar no responder, pero si esa fuera la pregunta, sugerimos algunas reducciones que nos hará transitar hacia la eficiencia.
Solo el incremento de la nómina proyectado equivale a contratar 160 personas diarias durante todo un año. Y la propia DGII estima que la evasión del ITBIS supera 50 mil millones de pesos anuales.
Es hora también de revisar subsidios mal focalizados y exenciones fiscales que no generan empleos ni desarrollo.
Según la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, el 35.7% de los beneficiarios del programa Aliméntate pertenece a quintiles con ingresos per cápita de RD$37,500. Es decir, se les quitan unos RD$3,200 al mes en ISR para devolverles la mitad en una tarjetita. ¡Vaya perla!
El Ministerio de Economía reportó 707,714 hogares en pobreza en 2024, pero los beneficiarios de Aliméntate eran 1,386,852, casi el doble. Solo corrigiendo esa distorsión, el Estado podría ahorrar 13,400 millones de pesos al año.
Muchos no quieren que les regalen nada; solo que no les quiten lo que se ganan.
Seguir con excusas es fácil. Encarar decisiones justas, como la indexación salarial, requiere valentía y buena administración.
Cumplir la ley es lo mínimo que puede hacer un gobierno. No puede seguir actuando como si el Código Tributario fuera opcional. Hay mecanismos, hay alternativas y, sobre todo, hay una deuda pendiente con la clase trabajadora.
Es momento de aplicar la ley con justicia y devolverle a la gente lo que le pertenece: su tranquilidad, su dignidad y su salario completo.
Author: CRDMedia
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.