Por: Juana Pérez
Santiago, RD. – Un grupo de parceleros de las comunidades de La Canela, Bao y Barceló ha elevado un llamado urgente al presidente de la República, Luis Abinader, solicitando su intervención inmediata para frenar lo que califican como una serie de abusos, amenazas y despojos orquestados por funcionarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD), encabezados por el exdiputado Leo Colón y su lugarteniente Roberto Abreu.
Según los afectados, este grupo estaría operando una red que actúa con métodos de intimidación y uso de documentos falsificados para apropiarse ilegalmente de tierras trabajadas desde hace más de tres décadas por humildes productores agrícolas. Los parceleros, entre ellos Yudelki Hernández, Araceli Cruz, Porfirio Díaz y Juan Ramón Cruz entre otros, aseguran que desde el año 1982 han cultivado esas tierras de manera continua, generando sustento para sus familias y alimentos para el pueblo dominicano.
La semana pasada, la señora Yudelki Hernández fue sorprendida en su residencia por el señor Roberto Abreu, lugarteniente de Leo Colón, señalado como el principal invasor de tierras en la zona de Cienfuegos. Abreu, según denuncias, forma parte de una presunta banda de malhechores que recorre diversas localidades de la región del Cibao en busca de terrenos para ocupar de forma ilegal. Cabe destacar que la señora Hernández es hija del agricultor y parcelero Luis Hernández, fallecido hace un año.
La denuncia apunta que estas acciones se están llevando a cabo con el apoyo de supuestos miembros del orden judicial y policial, incluyendo una patrulla bajo la dirección de un coronel. Los parceleros señalan que Leo Colón ha sido designado de manera interna como encargado de producción del IAD por el director general Francisco Guillermo García, quien también es señalado como parte del entramado institucional que permite esta situación.
Los denunciantes aseguran que este grupo se está aprovechando del proceso de transformación institucional que actualmente atraviesa el IAD, al ser absorbido por el Ministerio de Agricultura. Indican que, en medio de esta transición, se han intensificado los intentos de despojo y que las acciones de esta supuesta banda no se limitan a la región norte, sino que operan a nivel nacional, incluyendo zonas del sur, este y oeste del país.
Entre los nombres mencionados como parte de esta presunta red figuran también Odalino Román Vélez, Freddy Gómez es el encargado regional y Luis Enrique Reyes, este último residente en Hato del Yaque y encargado provincial del IAD en Santiago. Todos son acusados de participar en una serie de invasiones de tierras, amenazando a los propietarios con desalojos ilegales y valiéndose de documentos manipulados.
“Si el presidente Abinader no actúa de inmediato, haremos público un listado nacional de todas las parcelas que están siendo invadidas y de los responsables detrás de estas acciones ilegales”, advirtieron los parceleros, al tiempo que recordaron que estas denuncias ya han sido abordadas por comunicadores y figuras públicas como el periodista, abogado y médico Ricardo Nieves, así como los comunicadores Valerio Mateo y Rafael Antonio Guerrero, quienes han expuesto públicamente estas irregularidades.
Resulta profundamente preocupante, señalaron los campesinos, que funcionarios del actual gobierno y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estén implicados en estas prácticas, despojando a ciudadanos trabajadores de los terrenos que han cultivado por más de 30 años. “Es una traición a los principios de justicia social y al espíritu de reforma agraria que inspiró la creación del IAD”, manifestaron.
La Constitución Dominicana, en su artículo 51, establece que “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Asimismo, la Ley No. 5869 del 24 de abril de 1962 ampara los derechos de propiedad de los parceleros que cuentan con la documentación correspondiente.
De acuerdo con los denunciantes, esta red ha logrado apropiarse de miles de tareas de tierra, incluyendo parcelas activamente cultivadas, para posteriormente distribuirla en ellos de forma ilegal y venderlas como solares, promoviendo la arrabalización de zonas rurales productivas.
Este llamado al presidente Abinader no solo busca frenar los abusos, sino también garantizar justicia para cientos de familias campesinas que históricamente han contribuido con la seguridad alimentaria del país. Exigen que se regularicen sus derechos con la documentación legal correspondiente y se detengan las prácticas delincuenciales dentro de una institución cuya misión es precisamente apoyar al pequeño productor rural.
“La República Dominicana atraviesa momentos críticos tanto a nivel nacional como internacional. Se avecina una crisis alimentaria global, y en lugar de proteger al campesino que produce la comida, se les despoja y se arriesga su sustento. Señor presidente, el pueblo necesita de su mano firme y justa”, concluyeron.
“El campesino es el guardián de la tierra y el sustento de la nación.” Anónimo
Author: Redacción
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