Santo Domingo, RD. – A partir de este martes, los funcionarios públicos dominicanos no podrán tener ningún tipo de participación en empresas que contraten con el Estado, tras la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, firmada por el presidente Luis Abinader.
Durante un acto celebrado en el Palacio Nacional, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que esta normativa restablece el régimen de consecuencias eliminado en 2006 y refuerza las incompatibilidades para quienes ocupan cargos públicos.
“Ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes, regidores y demás funcionarios no podrán contratar con el Estado, sin importar el porcentaje accionario que posean en una empresa”, subrayó Pimentel.
La legislación anterior permitía hasta un 10 % de participación accionaria en empresas contratistas del Estado. Con la nueva ley, cualquier vínculo empresarial con entidades públicas queda prohibido para los servidores públicos. Las violaciones serán sancionadas con medidas administrativas y penas que incluyen entre dos y diez años de prisión.
“Normas claras y permanentes”
En su discurso central, el presidente Abinader destacó que esta reforma busca consolidar un modelo de gestión pública más transparente, eficiente y confiable.
“Este Gobierno ha apostado a que las instituciones sean más fuertes que las personas, que las reglas duren más que los cargos y que el interés general prime sobre cualquier interés particular”, afirmó el mandatario.
Abinader aseguró que la nueva normativa fortalece la planificación, mejora la competencia, refuerza los controles y promueve una cultura de prevención. Además, alinea al país con estándares internacionales de gobernanza y transparencia.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, sino fortalecerla. No busca paralizar al Estado, sino hacerlo más eficiente y previsible”, añadió.
Decreto 52-26
El reglamento que pone en marcha la Ley 47-25 está contenido en el decreto 52-26, y su aplicación es obligatoria para todas las instituciones sujetas al marco normativo.
El presidente también reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que participaron en la elaboración del nuevo marco legal, el cual —dijo— representa un paso firme hacia el fortalecimiento institucional del país.
Author: Redacción
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