Érika Aifán, una de las principales juezas de Guatemala, galardonada el año pasado en Estados Unidos por su lucha contra la corrupción y la impunidad, dijo que tomó la decisión de dimitir de su cargo por “falta de garantías suficientes de protección” a su “vida e integridad”. La jurista enfrenta intentos de revocar su inmunidad, lo que podría llevarla a ser procesada e incluso encarcelada. Esta es la historia.
Es una figura clave de la lucha contra la corrupción en Guatemala. En un nuevo revés para la imagen internacional del país, Erika Aifán Dávila presentó el pasado lunes 21 de marzo su renuncia como jueza titular del Juzgado D de Mayor Riesgo.
“Enfrenté denuncias, amenazas y presiones. Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, declaró Aifán en un vídeo difundido en Twitter.
La jueza guatemalteca, que atendía casos de corrupción de alto impacto, hizo el anuncio desde Estados Unidos, donde según la prensa local se encuentra desde hace una semana. “Se tuvo la información de que si intentaba salir del país por cualquier motivo se iba a intentar atentar contra mi vida”, aseguró en una entrevista con la radio ‘Emisoras Unidas’.
Los casos de alto perfil bajo el escrutinio de la jueza Aifán
Aifán ha estado en el ojo del huracán por llevar 19 años en el Organismo Judicial, –la institución que ejerce el poder judicial en Guatemala–, incluidos seis a cargo del Tribunal de Alto Riesgo.
La incomodidad causada por su labor se materializa en 2019, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para la jueza por ser objeto de amenazas y hostigamientos en el marco de sus investigaciones. Aifán mencionó entonces intensas campañas en las redes sociales contra ella, pero también vigilancia estatal, espionaje en su propio despacho y robo de documentos.
En el centro de sus denuncias está el Ministerio Público, al que acusa de persecución en su contra. Desde marzo se encuentra bajo un proceso legal avalado por la Corte Suprema de Justicia para ser investigada por una decisión judicial, lo que pone en juego su inmunidad.
La jueza mencionó también que el mismo presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, solicitó información en un caso que presuntamente lo involucra.
Recientemente, Aifán reveló estar a cargo de la declaración de un testigo que alega que Giammattei habría recibido dinero ilícito para su campaña electoral por un monto de 2,6 millones de dólares que le permitieron ganar la Presidencia en 2019. El mandatario negó las acusaciones.
“He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad”, reiteró Aifán en su vídeo.
“Una campaña de hostigamiento” que obstaculiza la lucha contra la corrupción
La jueza Erika Aifán también desempeñó un papel crucial en el impulso contra la corrupción liderado por el organismo anticorrupción de la ONU conocido como CICIG, que permaneció en la nación centroamericana entre 2006 y 2019.
El propio –entonces futuro presidente– Alejandro Giammattei fue encarcelado durante 10 meses como resultado de una investigación de ese ente anticorrupción.
Sin embargo, la CICIG fue expulsada del país poco antes de que Giammattei llegara al poder, en 2019.
La renuncia de la jueza Aifán es el último resultado de lo que la oposición llama “una campaña de hostigamiento” por parte del Estado en contra de los funcionarios comprometidos contra la impunidad.
El diputado opositor Bernardo Arévalo detalló a France 24 que se trata de “un hecho gravísimo. Es un indicador del avance de la campaña de acoso a la cual están sumidos los actores que defienden una Justicia independiente en Guatemala”.
El diputado de la agrupación política de oposición Semilla se preocupa por lo que denomina “un retroceso para la democracia y la reconfiguración de un Estado autoritario que se apoya en jueces, abogados y magistrados corruptos”.
Guatemala, “un país de exiliados”
Concordando con esas denuncias, varios exmiembros del aparato judicial de Guatemala han señalado a la actual fiscal general Consuelo Porras de obstaculizar investigaciones claves contra la corrupción en el país.
Porras fue de hecho sancionada en septiembre por Estados Unidos tras acusarla de “obstruir” la Justicia en casos de alto impacto en Guatemala.
Con Aifán Dávila ya son 15 los funcionarios judiciales guatemaltecos que han tenido que salir de su país en los últimos meses debido a lo que denuncian como intimidación estatal.
“Somos de nuevo un país de exiliados” deplora Bernardo Arévalo, “un exilio conformado por jueces, magistrados y gente que no puede vivir en su propio país porque las instituciones mismas los acosan, solo por hacer su trabajo”.
Author: Redacción
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