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Indicó que el cumplimiento de la Ley “no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incúmbete”
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige Milagros Ortiz Bosch, presentó un informe donde detalla el índice de transparencia de 226 instituciones del Estado en el 2022 luego de ser evaluadas.
De estas 226 entidades del Estado solo 174 superaron el ranking de 85 puntos en cumplimiento a las informaciones mínimas establecidas por la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que establece la Resolución No. 002-2021 de la DIGEIG.
Al analizar el trimestre octubre-diciembre, último del 2022, unas 52 entidades públicas quedaron fuera del índice de 85 puntos. Señalaron que se aprecia el crecimiento de 20 ubicadas en el índice de 79.9 al 80 y 11 ubicadas desde el 79.9 al 69.9.
En un comunicado de prensa indicó que el cumplimiento de la Ley “no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente”.
Además, el documento indica que el 30 de junio de este año suspenderán los recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información.
“Estas medidas se toman siguiendo el ejemplo de la Presidencia de la República que, para exigir el cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonio que establece el Decreto NO. 343-22, y que, además, ha instruido a la Contraloría General de la República de no incluir en la nómina pública a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo obligados a la presentación de la Declaración Jurada, hasta tanto no depositen una copia en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana”, dice el comunicado.
La entidad resaltó que continúa “con los cursos de formación a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI) y el acompañamiento de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto” y decidieron “para el segundo trimestre de este año aplicar las sanciones administrativas que establece esta ley por incumplimiento”.
De las 174 instituciones que superaron el índice, 153 alcanzan hasta el 90% de cumplimiento.