Proceso de salvaguarda de galletas puede generar alzas en los preciosfuente externaSanto Domingo, RD. – Importadores y principales cadenas de supermercados del país manifestaron su preocupación por el impacto que tendría en los consumidores la aplicación de una medida de salvaguarda a las galletas, actualmente en proceso de investigación por parte de la Comisión de Defensa Comercial (CDC).
Las empresas solicitaron la suspensión inmediata del procedimiento, alegando que el expediente presenta “fallas estructurales” y constituye un proceso “jurídicamente insostenible” que coloca al sector importador en un estado de “grave indefensión”, incompatible con el debido proceso.
Riesgo de alzas en los precios
Los importadores advierten que, de mantenerse la investigación y aplicarse la salvaguarda, los precios de las galletas podrían experimentar un incremento severo, afectando directamente al consumidor final y reduciendo la oferta en los supermercados. Según representantes del sector, la medida limitaría la competencia y encarecería productos de consumo masivo, especialmente en hogares de bajos ingresos.
Reclamo de las cadenas de supermercados
Las principales cadenas de distribución sostienen que el proceso no ha garantizado la transparencia ni la participación equitativa de los actores involucrados. “Estamos frente a un expediente con deficiencias tan profundas que no puede sostenerse jurídicamente”, señalaron en un comunicado.
Contexto de la investigación
La CDC inició el proceso de salvaguarda tras denuncias de productores locales que alegan competencia desleal por parte de las importaciones. Sin embargo, los importadores insisten en que las galletas extranjeras complementan la oferta nacional y que su presencia en el mercado no representa un riesgo para la industria local, sino una alternativa de calidad y precio para los consumidores.
Próximos pasos
El reclamo de suspensión será evaluado por la Comisión en las próximas semanas. Mientras tanto, el sector importador y las cadenas de supermercados reiteran su llamado a las autoridades para que se garantice un proceso justo, transparente y ajustado a la normativa vigente, evitando que una medida de salvaguarda se traduzca en un golpe directo al bolsillo de los consumidores.
Author: Redacción
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