Por Redacción
CRDmedia
La democracia es el sistema político que garantiza la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan al bien común. Para que funcione, se requiere de hombres y mujeres de buena voluntad que acaten y hagan acatar las leyes y normas de un país, respetando las reglas de juego sin menoscabarlas. Se trata de poner en práctica un código de ética sumamente alto, aceptando cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero que son el resultado de la voluntad popular.
Sin embargo, en República Dominicana, hay quienes pretenden socavar la democracia con prácticas antidemocráticas, corruptas y desleales. Hablamos de José Ignacio Paliza, quien ha ocupado la posición de diputado, senador y ahora ministro administrativo de la presidencia, y que tiene un comportamiento de vaquero, semejando a todo un cowboy del lejano Oeste Americano. Paliza se ha dedicado a malograr el sistema democrático a través de herir de muerte el sistema de partidos, comprando candidatos a alcaldías de la oposición a días de las elecciones.
Esta conducta es inaceptable e ilegal, pues viola la ley electoral, la ley de partidos y la Constitución de la República. Además, es una falta de respeto a la ciudadanía, que merece tener opciones reales y transparentes para elegir a sus representantes. Paliza no solo traiciona a su propio partido, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino que también debilita a la oposición, que es necesaria para el equilibrio y la fiscalización del poder.
Entre los candidatos que han sido comprados por Paliza, faltando días para las elecciones del 18 de febrero, podemos citar a Toribio Castro, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue juramentado por Paliza en el distrito municipal de Gonzalo de Monte Plata, junto con Pablo Aquino, director de esa junta, y otros dirigentes del PLD. También fueron juramentados Tobias Rodríguez, del PLD, y Edward Blanco, de la Fuerza del Pueblo (FP), en un acto encabezado por el presidente del PRM, Luis Abinader.
Ante esta situación, la Junta Central Electoral (JCE) no se ha pronunciado, denunciando semejante barbarie. La JCE tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la transparencia de los procesos electorales, y debe sancionar a los responsables de estas acciones que atentan contra la democracia. La JCE no puede ser cómplice ni indiferente ante este atropello.
Tampoco podemos callar las voces de la sociedad civil, que tienen el deber de defender los valores democráticos y los derechos ciudadanos. Ya extrañábamos las voces de Participación Ciudadana, quien al fin se ha pronunciado sobre las diferentes diabluras que el actual gobierno está realizando. Al parecer, la sangre es tanta que les ha salpicado.
Las posiciones en el gobierno no son un cheque en blanco, ni un permiso para hacer lo que se les antoje. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos y respetar la voluntad del pueblo. No se pueden sentir intocables, pues tarde o temprano tendrán que entregar sus oficinas y enfrentar las consecuencias de sus acciones.
No somos Dios, solo somos tristes mortales aspirando a jugar a ser Dios. Pero la historia nos enseña que nadie es eterno ni omnipotente, y que el poder se acaba cuando se abusa de él. La democracia es el único camino para construir una nación justa, próspera y solidaria. No permitamos que nadie la destruya.
Author: Redacción
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