Redacción
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La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha encendido una alarma institucional al declarar públicamente que investiga una supuesta red de extorsión mediática. Aunque su intención pueda parecer legítima —depurar el ejercicio del periodismo y proteger a los ciudadanos de campañas difamatorias—, el tono y el alcance de sus declaraciones han generado una preocupación mayor: ¿estamos ante una cruzada contra el chantaje o frente a un intento de intimidar voces críticas?
Firmar un comunicado en nombre de la Procuraduría General de la República, sin ser su titular, como lo hizo Ramos, no solo es jurídicamente cuestionable, sino que revela una ambición institucional que desborda su rol como fiscal. ¿Quién le otorgó esa autoridad? ¿Por qué se dirige al país como si fuera la jefa del Ministerio Público? Este gesto, lejos de fortalecer su causa, la debilita por exceso de protagonismo y falta de prudencia.
La lucha contra el chantaje disfrazado de periodismo es necesaria, pero debe hacerse con pruebas, nombres y procesos transparentes. Lo que no puede permitirse es que esta cruzada se convierta en una herramienta para silenciar a comunicadores incómodos, críticos o independientes. La libertad de prensa no es negociable, y el Estado no puede usar su poder para vigilar ideas ni castigar opiniones.
El periodista Fernando Peña, sorprendido por aparecer en el comunicado, lo dijo claro: el Ministerio Público no puede lanzar acusaciones sin fundamento ni convertir sospechas en condenas mediáticas. La presunción de inocencia y el debido proceso deben aplicarse también a los comunicadores, por más polémicos que sean.
Además, el contexto político no ayuda. Rumores sobre un supuesto respaldo de figuras como Faride Raful para convertir a Ramos en Procuradora General en el futuro, alimentan la percepción de que esta ofensiva tiene tintes de cálculo personal. La toga no viene con corona, y la justicia no puede ser usada como trampolín político.
El periodismo ético debe ser defendido, pero también el derecho a la crítica. Si el Ministerio Público quiere depurar el oficio, que lo haga con pruebas, no con discursos intimidantes. Porque cuando el poder judicial se convierte en vocero político, la democracia tiembla.
Author: Redacción
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