La desarticulación del Estado y el costo de la incompetencia

La explosión del tanque de agua en el barrio La Mina, en Consuelo, San Pedro de Macorís, no fue un accidente fortuito. Fue el resultado trágico de una cadena de negligencias, improvisaciones y desmantelamiento institucional que hoy amenaza con colapsar los cimientos del Estado dominicano. Lo que ocurrió esa mañana —el estruendo, las casas derrumbadas, las familias arrastradas por el agua— es el reflejo más crudo de una administración pública que ha sustituido la competencia por la conveniencia política.

Desde hace años, se ha venido ejecutando una política de cancelaciones indiscriminadas en todas las instancias del gobierno. Técnicos altamente calificados, con años de experiencia y formación, han sido desplazados para dar paso a personal sin acreditaciones, sin preparación y, en muchos casos, sin la más mínima noción del rol que deben desempeñar. El resultado: un Estado que opera a ciegas, sin capacidad técnica para enfrentar los desafíos cotidianos.

El caso de los agricultores de Ocoa, denunciado recientemente por el expresidente Leonel Fernández, es otro ejemplo alarmante. Productores que antes contaban con asistencia técnica para el manejo de sus cosechas hoy se enfrentan solos a plagas, sequías y pérdidas económicas. La quiebra del sector agrícola no es solo una consecuencia del clima o del mercado: es el reflejo de una estructura estatal que ha sido vaciada de conocimiento y profesionalismo.

Lo mismo ocurre con el colapso del tanque en San Pedro de Macorís. Los vecinos habían reportado filtraciones y fugas en múltiples ocasiones. ¿Quién respondió? ¿Quién inspeccionó? ¿Quién certificó que ese tanque podía seguir operando? La respuesta es dolorosamente clara: nadie con la preparación adecuada. Porque los que sabían fueron cancelados, y los que quedaron no sabían.

Este editorial no es solo una denuncia: es un llamado urgente a detener la desarticulación del Estado. No se puede gobernar con improvisación. No se puede administrar la vida de millones de dominicanos con técnicos de segunda. La institucionalidad no se construye con lealtades partidarias, sino con competencias verificables, con profesionales que entiendan el peso de sus decisiones.

Cada explosión, cada cosecha perdida, cada familia que lo pierde todo por una falla evitable, es una advertencia. El Estado dominicano está siendo vaciado desde adentro. Y si no se detiene esta tendencia, lo que colapsará no será solo un tanque: será la confianza de un pueblo entero en sus instituciones.

Es hora de reconstruir el Estado. Con técnicos, con criterio, con responsabilidad. Porque lo que está en juego no es un cargo: es la vida de la gente.