Por Jorge Iván Solano Reyes
Ciudadanía RD Media
Como politólogo mexicano, analizar la situación de los derechos humanos en nuestro país es sumergirse en una profunda y dolorosa paradoja. Por un lado, contamos con un andamiaje jurídico e institucional robusto, enriquecido por una de las reformas constitucionales más vanguardistas de nuestra historia. Por otro, la realidad cotidiana nos confronta con una crisis de violencia, impunidad y violaciones sistemáticas que cuestionan la capacidad misma del Estado para cumplir con su deber más elemental: proteger la dignidad de sus ciudadanos. Este artículo, desde una perspectiva politológica, busca desentrañar esta encrucijada, explorando las tensiones entre el deber ser normativo y la cruda realidad del poder y su ejercicio en México.
El Hito de 2011 y la Brecha de Implementación
El punto de inflexión normativo es, sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Este cambio de paradigma no fue menor: elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales de los que México es parte, introdujo el principio pro persona como rector de la interpretación jurídica y obligó a todas las autoridades, sin excepción, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En teoría, esta reforma nos colocó a la vanguardia mundial en la protección jurídica de la persona.
Desde la ciencia política, esta reforma puede ser vista como una respuesta del sistema político a presiones tanto internas —de una sociedad civil cada vez más organizada— como externas —de organismos internacionales que señalaban las graves deudas del Estado mexicano—. Representó una modernización discursiva y legal del Estado. Sin embargo, a más de una década de su implementación, la pregunta obligada es: ¿por qué esta arquitectura normativa no ha logrado transformar la realidad? La respuesta yace en la brecha sistémica entre la ley y su aplicación, un espacio donde la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional actúan como un corrosivo. La reforma proveyó de nuevas herramientas a los ciudadanos y a los jueces, pero no alteró las estructuras de poder fáctico ni la cultura de ilegalidad que permea en vastos sectores del aparato estatal.
Las Crisis Paradigmáticas: Desaparición Forzada y Violencia contra la Prensa
Dos fenómenos ilustran de manera brutal la incapacidad del Estado y la profundidad de la crisis: la desaparición forzada de personas y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
La desaparición de personas, que hoy supera la cifra oficial de más de 100,000 víctimas, es quizás el reflejo más atroz del colapso del Estado de derecho en varias regiones del país. Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 no son anomalías, sino la dolorosa visibilización de un patrón. Desde un análisis político, la desaparición forzada es una herramienta de terror que busca no solo eliminar a un individuo, sino disolver el tejido social, sembrar el miedo y demostrar la colusión o la total sumisión de las autoridades estatales ante el poder del crimen organizado. La creación de una Ley General en la materia y una Comisión Nacional de Búsqueda son esfuerzos institucionales importantes, pero su efectividad se ve mermada por la falta de recursos, la fragmentación de la información y, sobre todo, por la falta de una voluntad política decidida para investigar y sancionar a todos los niveles, incluyendo a los agentes del Estado que participan por acción u omisión.
Paralelamente, México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Los asesinatos y agresiones contra la prensa no son meros delitos del fuero común; son ataques directos a la democracia. La violencia busca silenciar las voces que investigan la corrupción, el abuso de poder y los nexos entre políticos y criminales. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque bien intencionado, ha demostrado ser insuficiente. La impunidad que rodea a estos crímenes —superior al 90%— envía un mensaje claro: se puede matar a un periodista sin consecuencias. Esto no solo coarta la libertad de expresión, sino que priva a la sociedad de su derecho a la información, un pilar fundamental para la rendición de cuentas y el control ciudadano del poder.
El Papel Ambivalente de las Instituciones y la Fuerza de la Sociedad Civil
En este panorama, el papel de las instituciones autónomas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es objeto de un intenso debate. Históricamente, la CNDH ha sido un actor relevante en la visibilización de abusos. Sin embargo, su diseño institucional, que limita el carácter vinculante de sus recomendaciones, ha sido una crítica persistente. En años recientes, la percepción de una creciente cercanía de la Comisión con el poder ejecutivo ha mermado su credibilidad y autonomía a ojos de muchas víctimas y organizaciones civiles. Para que un Ombudsman sea efectivo, debe ser, y parecer, un contrapeso real al poder, no un eco de su narrativa.
Ante las omisiones o la lentitud del Estado, ha sido la sociedad civil la que ha asumido un rol protagónico. Los colectivos de madres buscadoras, las organizaciones no gubernamentales y los centros de derechos humanos se han convertido en actores políticos de primer orden. No solo han ocupado el vacío dejado por las autoridades en la búsqueda de desaparecidos y en la documentación de abusos, sino que han impulsado la agenda legislativa, han llevado casos ante instancias internacionales y han construido redes de solidaridad y resistencia. Son ellas, las víctimas y sus familias, quienes con su incansable lucha nos recuerdan la deuda del Estado y la impostergable necesidad de justicia.
Reflexión Final: Una Democracia Incompleta
Desde la perspectiva del politólogo, la crisis de derechos humanos en México es, en esencia, una crisis de la estatalidad y de la calidad de nuestra democracia. Un Estado que no puede garantizar el derecho a la vida y a la integridad de sus ciudadanos ha fallado en su contrato social más básico. La persistencia de estas violaciones no es un mero problema de “inseguridad”, sino un síntoma de un orden político donde la ley es selectiva y la justicia un privilegio.
Superar esta encrucijada requiere más que reformas legales. Exige una voluntad política inquebrantable para combatir la impunidad, depurar las instituciones de seguridad y justicia, y proteger activamente a quienes defienden los derechos y las libertades. Requiere, en última instancia, transitar de una democracia electoral a una verdadera democracia de derechos, donde la dignidad humana se convierta, finalmente, en el principio y fin de todo ejercicio del poder público. La deuda es inmensa, y la historia nos juzgará por nuestra capacidad para saldarla.
Base Bibliográfica
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Author: Redacción
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