Por Albin Cepeda
CRDmedia
En medio de la creciente controversia, el Gobierno del PRM enfrenta nuevas críticas tras la abrupta cancelación de técnicos y operadores con más de 12 años de experiencia en el sistema público de transporte. Este movimiento ha desencadenado una ola de preocupación sobre la gestión de un servicio vital para miles de ciudadanos.
El incidente, que tuvo lugar en la estación Mamá Tingó de Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde dos vagones del Metro colisionaron, ha puesto de manifiesto las fallas en la administración gubernamental. La cancelación de personal con una amplia trayectoria y experiencia en el sistema de transporte parece ser una decisión apresurada y cuestionable.
La politización y falta de responsabilidad en el manejo del servicio público estratégico no ha hecho más que alimentar las críticas hacia el Gobierno actual. Esta medida ha sembrado dudas sobre la seguridad y eficacia del transporte metropolitano, con posibles repercusiones a largo plazo.
El presidente Luis Abinader, desde el inicio de su mandato, ha sido objeto de críticas por la aparente falta de gerencia de sus funcionarios. La situación actual refuerza esta percepción y plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para abordar y resolver crisis de este calibre de manera eficaz y oportuna.
El servicio de transporte público es un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier ciudad. La falta de una gestión eficiente y la toma de decisiones impulsadas por motivos políticos pueden tener consecuencias devastadoras. La seguridad y bienestar de los ciudadanos deben ser prioridades inquebrantables en la administración de un servicio de esta magnitud.
A medida que el país se enfrenta a estos desafíos, es esencial que se realicen evaluaciones críticas y se implementen medidas correctivas de manera diligente. La inoperancia en la gestión gubernamental no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la sociedad.
En última instancia, es imperativo que se aborden estas preocupaciones con seriedad y se promueva una gestión más transparente y responsable en el ámbito gubernamental. La confianza pública y el bienestar de la sociedad dependen de ello.