Santo Domingo, RD.–El anteproyecto de ley pasará ahora a manos de la Cámara de Diputados, para repetir el mismo el mismo procedimiento legislativo.
Un total de 24 de 28 senadores presentes aprobaron en segunda lectura las modificaciones a la promulgada ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) luego de esta fuera anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre del pasado año tras varias impugnaciones.
La propuesta legislativa, que consta de unos 40 artículos, no contó ni con el voto a favor de los senadores de la Fuerza del Pueblo (Omar Fernández del Distrito Nacional, Félix Bautista de San Juan y Eduard Espiritusanto de La Romana); además de Antonio Taveras, representante en la Cámara Alta de la provincia Santo Domingo.
La pieza fue aprobada solo dos días después de que los legisladores hayan dado el visto bueno en una primera lectura.
La aprobación en el Senado llega siete meses después de que el Tribunal Constitucional anulará la ley, promulgada en enero del 2024, luego de que se produjeran varias impugnaciones y sometimientos de recursos de inconstitucionalidad debido a varias ambivalencias que contiene en su texto y que han sido señalados por diferentes sectores nacionales.
Las impugnaciones fueron enfocadas a su mayoría a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley; el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.
Mientras que el 11 obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la DNI todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional”.
El anteproyecto de ley pasará ahora a manos de la Cámara de Diputados, para repetir el mismo el mismo procedimiento legislativo.
Author: CRDMedia
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