El jefe de la ONU, António Guterres, se declaró “preocupado” este martes ante el aumento de la violencia en El Salvador y confía en que las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele para combatirlo “estén en línea con los derechos humanos”.
El secretario general “ve con preocupación el pico de violencia en El Salvador durante el fin de semana y expresa su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
El presidente de El Salvador declaró un régimen de excepción el domingo pasado y un día después dio un ultimátum a las pandillas, consideradas responsables de 87 homicidios en tres días.
“Paren de matar ya o ellos [los encarcelados] la van a pagar también”, dijo el mandatario bajo la amenaza de aumentar aún más los castigos a los más de 16.000 miembros de pandillas encarcelados.
Guterres “confía en que las medidas que se adopten estén en línea con los derechos humanos, las leyes y los estándares internacionales”, señaló su portavoz.
Las medidas adoptadas por Bukele contra los pandilleros encarcelados fueron criticadas por el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. “Populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries”, escribió en Twitter Abrão.
Bukele respondió de inmediato: “Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua (entre pandillas) que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero (y) armamento”. “Llévense su peste (las pandillas) de nuestro país”, enfatizó.
¿En qué consistió el régimen de excepción?
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, a pedido del presidente, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
“Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, consigna el decreto, aprobado por 67 de los 84 diputados del parlamento unicameral.
La decisión del Legislativo, controlado por los oficialistas, restringe la libre asociación y reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones sin orden judicial, el derecho a ser informado del motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura.
También habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas. La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
Bukele, que promulgó la norma, aclaró que los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, razón por la cual “para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal”.
El mandatario, un millennial de 40 años con amplio apoyo popular, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
A cambio, las pandillas obtuvieron dinero del Gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas, dice la acusación.
Author: Redacción
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.