Por José Luis Contreras V.
En países en donde existe el interés por la persecución y devolución de los fondos públicos, está utilizando estos mecanismos para ello: el primero, la devolución voluntaria, es decir, el funcionario que participó directa o indirectamente en la desviación ilegal, la malversación o cualquier administración ilegal de recursos públicos podrá devolver voluntariamente esos fondos; naturalmente la devolución voluntaria, no extingue la acción pública y el segundo, la entrega de información válida de mal manejo de recursos por parte de personas que sepan de actos ilícitos sin haber participado en ellos.
Crear un incentivo para los denunciantes de hechos de corrupción en la función pública El funcionario o el ciudadano que no ha participado en hechos ilícitos, pero que proporcione información exacta para su identificación será beneficiario de un porcentaje de lo recaudado, no mayor del 1%.
Pero, quizá, lo más novedoso de esta iniciativa es involucrar a la ciudadanía en este tema que causa indignación nacional. ¿Cómo? Se crearán veedurías ciudadanas en las cuales cualquier persona, acreditada por el Consejo de veeduría pública, podrá participar en el proceso para detener y ubicar los fondos y bienes públicos que sean producto de actos ilícitos en contra de la administración pública.
El Consejo, de su lado, contratará a equipos especializados para localizar y recuperar los bienes y los fondos públicos. Según la propuesta, esos equipos cobrarán honorarios por los resultados obtenidos, de acuerdo con la cantidad de recursos recaudados o con el avalúo de los bienes recuperados. El dinero recaudado, finalmente, será depositado en la Cuenta Única del Banco Central