En 2007 Leonel Fernández, que ocupaba la presidencia en esa época, anunció la intención de adquirir los aviones
En marzo de 2016 instituciones castrenses dominicanas fueron sacudidas por un fuerte escándalo de corrupción: el caso de los Super Tucano.
A mediados de ese mes un consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A., Elio Moti Sonnenfeld, admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares, de acuerdo a un reportaje publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal.
Según la investigación de este periódico, Sonnenfeld admitió haber recibido una comisión millonaria para un trabajo que nunca se realizó, porque el dinero fue entregado a un funcionario dominicano no identificado, a fin de garantizar la adjudicación del mencionado contrato.
Acto seguido el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) iniciar la investigación a esta compra.
Sin embargo, es en septiembre de 2017 cuando finalmente el Ministerio Público, bajo el mando de Jean Alain Rodríguez, presenta su acusación formal de seis personas y tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Inicialmente, los imputados fueron el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
Pero a pesar de estas alegaciones, solo a cuatro del grupo le fue aplicada medida de coerción, mientras solo uno, Piccini Núñez, guardó prisión preventiva por el caso, a ser cumplida en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
A Peña Antonio, se le impidió la salida del país y se le impuso presentación periódica, y a los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández le pusieron brazaletes electrónicos y no podían salir del territorio del Gran Santo Domingo.
No obstante, casi tres años después el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción de Piccini Núñez, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de RD$1 millón bajo la modalidad de fianza y presentación periódica por ante la Pepca.
Lo más reciente
A finales de marzo de año 2021 fue enviado a juicio de fondo Peña Antonio y Piccini Núñez, al mismo tiempo que fue dictado auto de no ha lugar a juicio respecto de los imputados del Orbe Berroa y Abreu Rosario.
Fue descargado similarmente Aquino Méndez, aunque su hijo Daniel siguió en juicio.
Por el caso el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, además del pago de una multa de US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías imputadas, solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
No culpables
El pasado lunes el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de sobornos para la compra de Super Tucano, siendo descargados por insuficiencia de pruebas Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Herández, así como las empresas 4D Busssines Group y Magycorp.
La presidenta del tribunal, al explicar la razón detrás de la sentencia, manifestó que los jueces no están para “para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”.
SEPA MÁS
Proceso de compra
A pesar de que fue en 2008 que se oficializa la compra de los ocho Super Tucano, un año antes ya Leonel Fernández, que ocupaba la presidencia en esa época, había anunciado la intención de adquirir los aviones.
Fernández hizo el anuncio durante una visita a las instalaciones de Embraer en Brasil, justificando que esta inversión millonaria serviría para luchar el narcotráfico y el tráfico de ilegales, dándole a República Dominicana una mejor vigilancia de su territorio.
El expresidente indicó por igual que la compra sería llevada a cabo con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Para esto necesitaba aprobación del Congreso Nacional, que la obtuvo en septiembre de 2008 con una votación de 18 a favor y dos en contra a favor de un préstamo por US$93,697,887 millones.
Curiosamente los únicos en oponerse a la pieza fueron dos senadores oficialistas, Wilton Guerrero y Domínguez Brito, quienes lamentaron que se gastara esa cantidad de dinero cuando dependencias de la Dirección de Control de Drogas (DNCD) en varias provincias trabajaban “con dificultad” porque carecían de combustibles y de vehículos.
En cambio, el préstamo fue defendido por el entonces presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, y los oficialistas Prim Pujals, Ramón de la Rosa, Charlie Mariotti, Tommy Galán y Luis René Canaán.
Asimismo, al momento de aprobar este proyecto ningún senador de la oposición, representada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), estuvo presente en el hemiciclo.
Investigados pero no imputados
Años después de la aprobación del préstamo Canaán Rojas, uno de los legisladores que votó a favor y defendió esa pieza legislativa, fue investigado bajo la presunción que fue él quien manejó el dinero del soborno a través de una empresa registrada a su nombre, según registros periodísticos del LISTÍN DIARIO.
De manera similar, la Pepca interrogó a Samuel Pereyra Rojas, actualmente administrador general del Banco de Reservas (Banreservas), quien era propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue el puente para entregarle al senador más de 800 mil dólares.
Sin embargo, estas alegaciones fueron negadas y ninguno de los dos fue incluido en el expediente acusatorio del Ministerio Público.
Otra admisión
En 2018 Embraer pagó de 7 millones de dólares al Estado dominicano, y entregó los documentos acordados con la Procuraduría General de la República (PGR), por los sobornos que la compañía admitió que pagó en la venta de los Super Tucano, tras haber acordado un juicio penal abreviado.
Author: Redacción
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