No tenemos veredas seguras, las pocas que existen tienen impedimentos al libre tránsito de la población infantil, envejeciente y personas con capacidades distintas.
Por Emilia Santos Frias
Ciudadania RD Media
Santo Domingo, RD.
No es secreto que el derecho fundamental al libre tránsito cada día es infringido en la República Dominicana, debido al uso inadecuado de las aceras, ocupadas en la generalidad, por cachivaches de inconscientes y desalmados seres humanos. La realidad es que no poseemos en la generalidad, aceras seguras, que permitan el desplazamiento y disfrute de niños, niñas, adolescentes, envejecientes, adultos, personas con capacidades diversas.
Transitar libremente en nuestro país, como simple peatón, es arriesgado. Las aceras que forman parte de los derechos colectivos y difusos, es decir, que nos pertenecen a todas y a todos, generalmente, o no hay en nuestras calles, sobre todo en los sectores más vulnerables, o siempre están en muy mal estado, con obstáculos que ponen en riesgo nuestras vidas.
Es sabido que, al caminar por nuestras ciudades, en muchas ocasiones debemos hacerlo en plena calle o avenidas principales, a expensa de ser atropellados-as por algún vehículo de motor, y como sabemos, con la carencia de cortesía y prudencia del conductor dominicano, es casi seguro, ser estadística como víctima de accidente de tránsito, los que han dejado secuelas y cambiado la condición de salud y vida de muchos coterráneos. Otros han perdido el derecho más significativo: la vida.
Sin dudas se ha convertido en un gran desafío para el Estado dominicano, la protección del derecho al libre tránsito, pero ya no debe esperar más para accionar, y hacerlo mediante actividades concretas y políticas públicas, que permitan el desplazamiento seguro a las y los peatones.
No tenemos veredas seguras, las pocas que existen tienen impedimentos al libre tránsito de la población infantil, envejeciente y personas con capacidades distintas. Sin dejar de mencionar que, en ellas, los peatones son presas fáciles de los antisociales y desaprensivos.
Incluso, algunos conductores imprudentes suben a ellas, a sabiendas de ser áreas exclusivas para los caminantes, pero ellos, desde sus motocicletas y bicicletas las utilizan en franco desafío a las autoridades, impactando a los caminantes y causándoles serias patologías, producto de las cuales, deben aprender a vivir con condiciones de salud o médicas.
Reiteramos que las aceras forman parte de los intereses difusos de la población, porque pertenecen a un grupo indeterminado e indeterminable de personas, que se encuentran vinculadas. Estos intereses reconocen o permiten del disfrute de derechos humanos económicos, sociales y culturales. Por eso, en los espacios públicos y las aceras se realizan actividades sociales, y para ello, no deben existir barreras de infraestructura, que solo reducen las capacidades humanas.
Aceras aptas para el libre tránsito, hablan de inclusión social. Para nuestro país sigue siendo un reto disponer de espacios con rampas, que faciliten el paso a la población vulnerable.
Las aceras que son ejemplos de derecho al espacio público, forman parte de nuestros derechos colectivos, por tanto, es nuestro deber defenderlas y demandar el disfrute de estos espacios, pero que estén en condiciones adecuados, no siendo aprovechadas para comercios o negocios por parte de avivatos y sus diversos negocios. Los ayuntamientos deben ser más enérgicos en aplicar lo estipulado en la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
Justamente en el artículo 19, esta normativa precisa que a los ayuntamientos les corresponde: el ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas en las vías urbanas y rurales; son responsables de normar y gestionar el espacio público y deben construir y preservar las aceras. Entonces, ¿qué hace falta?, las iniciativas para su protección se ven endebles.
Acaso, ¿será falta de voluntad, de políticas públicas, de coordinación y planificación e involucramiento de las autoridades de los gobiernos locales o municipales?, lo cierto es que los ayuntamientos deben hacer más perceptible su trabajo. Gerenciar los municipios, de manera que eleven las condiciones de vida de su población mediante la garantía de derechos fundamentales y el disfrute de los servicios básicos.
Además, recordar que deben ejecutar el alumbrado público, mantener los cementerio o campos santos, en condiciones que defiendan la dignidad de los difuntos. De igual forma, servicios como la oportuna recogida de basura, limpieza y pavimentación de las vías públicas, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, entre otros.
Impotente ante esta problemática, la exhortación es que en conjunto, gobierno local, gestión participativa, público en general, hagamos de nuestros espacios públicos, lugares amigables, donde todas y todos caminemos sin temor a dificultades estructurales. Fomentemos nuestra urbe apta para humanos.
Hasta la próxima entrega.
santosemili@gmail.com
La autora reside en Santo Domingo
Es educadora, periodista, abogada y locutora.
Author: Redacción
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