El caso Medusa, por el que está en prisión desde hace más de un año el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, contiene más de 3 mil pruebas y 50 personas, incluyendo al exfuncionario, son acusadas por el Ministerio Público de formar parte de una red que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Así lo informó la fiscal Luisa Liranzo, quien en representación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien indicó que el extenso expediente contra el exprocurador contiene pruebas documentales, periciales y testimoniales.
La fiscal Liranzo también destacó que el caso medusa contiene delitos de tipo penal que van desde la coalisión de funcionarios, el desfalco, la estafa contra el Estado, la prevaricación, asociación de malhechores, y lavado de activos con sus agravantes.
El Ministerio Público depositó formal acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y decenas de imputados en el caso Medusa, por presunta corrupción administrativa durante la gestión del exfuncionario (2016-2020).
Un equipo de fiscales, encabezados por Luisa Liranzo, hizo la entrega formal del documento que avala la acusación contra Rodríguez, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde junio del año pasado.
El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
Author: Redacción
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