Por Billy Graham Castillo
CRDmedia
La política dominicana vive hoy bajo un fuego cruzado: más allá de campaña o ideología, los partidos se lanzan acusaciones sobre narcotráfico y corrupción entre sí. Estas narrativas —PRM vs PLD vs Fuerza del Pueblo— no solo socavan la credibilidad mutua, sino también la confianza ciudadana en el sistema de partidos. En lugar de enfrentar reformas estructurales para limpiar sus filas, los partidos prefieren explotarlas como armas de desgaste político.
PRM bajo la lupa: escándalos y extradiciones
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que llegó al poder prometiendo transparencia, se ve cada vez más cuestionado por casos graves de sus dirigentes. Por ejemplo, al menos seis figuras ligadas al PRM han sido procesadas o condenadas por narcotráfico en tribunales dominicanos y estadounidenses. Entre ellos destaca Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado por Santiago, quien fue condenado en marzo de 2024 a 16 años de prisión en EE. UU. por conspiración para traficar cocaína, siendo uno de los casos más mediáticos. (7 Días, 2025) Además, Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM por La Vega, recibió una pena de cinco años por lavado de activos relacionados al narcotráfico. (7 Días, 2025)
Los escándalos no se limitan al extranjero. Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas (Azua), también miembro del PRM, fue extraditado a EE. UU. acusado de vínculos con el cartel de Sinaloa. (Diario Libre, 2025) Otros nombres han sido revelados recientemente, como Fabio Jorge-Puras y Gaspar Polanco Virella, acusados por un gran jurado federal en Miami de conspiración para distribuir cocaína entre 2019 y 2020. (RC Noticias, 2025)
PLD: la acusación constante contra el oficialismo
Desde la oposición, el PLD ha elevado el tono de sus denuncias: el vicepresidente del partido, Iván Lorenzo, ha asegurado que desde su fundación el PRM ha sido “auspiciado con dinero del narcotráfico” y ha exigido transparencia sobre las relaciones entre algunos de sus cuadros y organizaciones criminales. (Proceso, 2025)
Johnny Pujols, secretario general del PLD, también ha reforzado esa narrativa. Según él, los hechos recientes —como las condenas y extradiciones de funcionarios del PRM— confirman las advertencias que el PLD ha hecho desde 2020 sobre la entrada de recursos ilícitos en las campañas del partido gobernante. (Listín Diario, 2025)
El diputado Danny Guzmán, del PLD, llegó a decir públicamente que “muchos narcos del PRM” fueron elegidos y que vendrán más extradiciones, apuntando a una estrategia sistemática más que a errores puntuales. (Listín Diario, 2024)
Fuerza del Pueblo y el llamado a la unidad
Por su parte, dirigentes de la Fuerza del Pueblo no se quedan fuera del drama. Aunque no siempre apuntan a un solo partido, reconocen la gravedad del problema. Por ejemplo, Roberto Rosario ha advertido que la infiltración del narcotráfico en la política amenaza la estabilidad democrática y exige mecanismos fuertes para evitar la impunidad. (El Caribe, 2025)
En ese sentido, Paliza, presidente del PRM, se ha sumado al llamado de unidad: ha dicho que este no debe ser un problema entre partidos, sino un desafío del Estado. (El Caribe, 2025) Esa apelación a la coordinación muestra cuán preocupados están los líderes sobre el impacto reputacional y la erosión de la legitimidad.
El daño real de las narrativas
Estas acusaciones cruzadas crean un ciclo tóxico: cada partido culpa a otro, pero ninguno aborda realmente la raíz: la debilidad institucional para fiscalizar candidaturas, el financiamiento opaco y la falta de controles internos. La narrativa del “narco en el otro” convierte un desafío grave en un juego político. Como resultado, el ciudadano no ve soluciones, sino un espectáculo en el que los partidos se atacan para salir políticamente bien, pero sin comprometerse con reformas reales.
Además, esas narrativas polarizan sin educar: se centran en escándalos individuales, no en propuestas para depurar estructuras, mejorar la transparencia o fortalecer la cooperación judicial internacional. Y mientras los partidos se acusan, los procesos siguen su curso en tribunales, muchas veces con poca exposición pública sobre las medidas correctivas que los partidos pueden asumir.
Author: Redacción
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