Por Redacción
CRDmedia
La reciente disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que obliga a los vehículos pesados a circular exclusivamente por el carril derecho en autopistas y avenidas, ha puesto en evidencia una preocupante desconexión entre la formulación de políticas públicas y su ejecución efectiva. Aunque la medida responde a la Ley 63-17 y busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, su incumplimiento masivo revela una falla estructural en el liderazgo institucional del Intrant.
En diferentes crónicas realizadas por medios de comunicación fruto de un recorrido realizado en las avenidas clave de Santo Domingo —como la George Washington, la 27 de Febrero y la John F. Kennedy— mostró una realidad alarmante: los conductores de camiones ignoran la norma sin consecuencias visibles. Esta falta de acatamiento no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también desacredita la capacidad del Estado para imponer orden en las vías públicas.
Más allá de la infracción, lo que preocupa es la ausencia total de supervisión. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), encargada de fiscalizar y sancionar, brilló por su ausencia en las zonas donde la norma se viola abiertamente. Esta omisión sugiere que las medidas del Intrant no están respaldadas por un sistema operativo de control, lo que convierte las normas en simples declaraciones sin fuerza legal ni práctica.
La incapacidad del Intrant para liderar la implementación de sus propias disposiciones refleja una debilidad institucional que va más allá del tránsito. Si no se puede hacer cumplir una norma tan básica como la ubicación de los camiones en la vía, ¿cómo se puede esperar que se aborden problemas más complejos como la congestión urbana, el transporte público o la seguridad vial integral?
Además, esta situación pone en tela de juicio la relación entre el ciudadano y la autoridad. Cuando las reglas se imponen sin mecanismos de cumplimiento, se erosiona la confianza pública y se fomenta una cultura de desobediencia. Los conductores, al ver que no hay consecuencias, simplemente ignoran las normas, perpetuando el caos en las calles.
Es urgente que el Intrant revise no solo sus políticas, sino también su capacidad operativa. Las normas deben ir acompañadas de campañas de concienciación, presencia efectiva en las vías y sanciones reales. De lo contrario, seguirán siendo letra muerta en un país que necesita urgentemente orden y planificación en su sistema de transporte.
La movilidad urbana no se resuelve con decretos aislados, sino con liderazgo, coherencia y voluntad política. Si el Intrant no puede garantizar el cumplimiento de sus propias reglas, entonces debe replantearse su rol como ente rector del tránsito en República Dominicana.
Author: Redacción
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