El Ministerio Público informó que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, inició un esquema de corrupción en la institución con un pago inicial de RD$100 millones, recibido como soborno de la empresa Nutri-Med. Según la solicitud de medida de coerción, el dinero fue entregado por la representante de la compañía, Cinty Acosta Sención, a través de José Pablo Ortiz Giráldez, señalado como el principal recaudador de Hazim y quien, pese a su rol, no figura como imputado en el expediente.
La acusación detalla que el esquema de pagos ilícitos comenzó tras la renegociación y reactivación de un contrato con Nutri-Med, previamente rescindido de manera unilateral. El acuerdo permitió establecer un flujo continuo de sobornos destinados directamente a Hazim, canalizados por Ortiz Giráldez, quien ya había sido investigado en el caso Calamar y es considerado la “mano derecha” del exfuncionario.
La investigación, enmarcada en la Operación Cobra, señala que dentro de Senasa operaba una estructura criminal organizada, dirigida por Hazim, con el objetivo de sustraer fondos públicos mediante corrupción y lavado de activos. Entre los hallazgos más relevantes figuran maniobras de fraude contable y adulteración de estados financieros, especialmente en el registro de reclamaciones pendientes, con el fin de ocultar el deterioro económico de la institución y proyectar una solvencia ficticia.
El Ministerio Público sostiene que estas prácticas dolosas provocaron pérdidas acumuladas superiores a RD$2,600 millones hasta octubre de 2024, además de la distracción de fondos estratégicos de las reservas técnicas, que ascendieron a más de RD$15,921 millones al cierre de ese año. Estos hallazgos evidencian un colapso financiero en la aseguradora estatal.
Un aspecto llamativo del expediente es la exclusión de Ortiz Giráldez de la lista de imputados, pese a ser identificado como el principal recaudador de Hazim. Su ausencia ha generado suspicacias, ya que se presume que habría alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público para convertirse en “testigo estrella” dentro del proceso judicial. La apelación y las medidas de coerción solicitadas buscan esclarecer la magnitud del entramado de corrupción y garantizar sanciones proporcionales a la evolución del caso.
Author: Redacción
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