Parte II: Por un Gran Pacto Nacional por el Estado Dominicano de Derecho

Un Estado de Derecho Débil También Enferma

Por Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo y Activista Social

En la entrega anterior sostuvimos que la República Dominicana necesita con urgencia un Gran Pacto Nacional por el Estado Dominicano de Derecho, ante la normalización del incumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales, incluso por parte del propio Estado. Hoy abordaremos una dimensión menos visible, pero no menos grave, de esa debilidad institucional: sus efectos directos y profundos sobre la salud de la población.

Un Estado de derecho fuerte no es solo una garantía jurídica; es también un factor de protección sanitaria y psicológica. Cuando el derecho se debilita, la sociedad no solo se desordena: se enferma.

Aunque parezca que no, la inseguridad jurídica es fuente de estrés crónico.

La salud humana necesita previsibilidad. Saber que existen reglas claras, que se aplican de manera estable y que protegen frente al abuso es un elemento esencial para el equilibrio emocional. Cuando el Estado de derecho es débil, la vida cotidiana se vuelve incierta: no se sabe si una norma se aplicará, si una sentencia se cumplirá o si un derecho será respetado.

Esta incertidumbre permanente puede generar estrés crónico, uno de los principales detonantes de enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, alteraciones del sistema inmunológico, ansiedad generalizada y depresión. Vivir en un entorno donde la arbitrariedad sustituye a la ley mantiene a las personas en un estado constante de tensión psicológica.

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En la actualidad es frecuente escuchar como un tema recurrente el problema que representa en el tránsito el comportamiento de los motoristas, es una situación que estresa tanto a conductores como a los peatones, pero este comportamiento que criticamos es totalmente un incumplimiento estructural de las leyes que lo rigen.  Para obtener una licencia para conducir motores, no es necesario demostrar que conoce la Ley de Tránsito y Movilidad, basta con pagar, seguir un proceso administrativo y ya, se tiene la Licencia.  No necesitas un seguro obligatorio para la motocicleta que cubra daños a otros por accidentes, si siquiera los gastos por atenciones médicas ocasionadas por accidentes.  Parece que no hay forma de multar a los motoristas. ¿Qué consecuencias tiene el incumplir las leyes para los conductores imprudentes y temerarios? Ninguna.

Cuando el ciudadano experimenta repetidamente que reclamar derechos no sirve, que acudir a los tribunales no garantiza resultados y que las autoridades incumplen sin consecuencias, se instala un fenómeno ampliamente estudiado por la psicología: la indefensión aprendida.

Esta condición provoca:

• Pérdida de iniciativa.
• Resignación frente al abuso.
• Desmotivación y apatía.
• Incremento de cuadros depresivos.

Una sociedad que se siente impotente frente a su propio Estado es una sociedad emocionalmente debilitada, con baja autoestima colectiva y escasa capacidad de reacción ante las injusticias.

La Constitución no reconoce derechos por razones abstractas; lo hace porque la dignidad humana es el eje del orden social. Cuando el Estado incumple sus propias normas y sentencias, vulnera esa dignidad de forma sistemática. El mensaje implícito es devastador: hay ciudadanos de primera y de segunda, derechos negociables y abusos tolerables.

La vulneración sostenida de la dignidad produce frustración, rabia contenida, sentimientos de humillación y, en muchos casos, conductas autodestructivas o violentas. No es casual que en contextos de debilidad institucional aumenten los conflictos interpersonales, la violencia intrafamiliar y los problemas de salud mental no atendidos.

Muchos programas buscan reducir la violencia relacional que continúa siendo un problema importante en el país, pero cómo reducirla o eliminarla, cuando permanentemente las personas están expuestas a un ambiente que le incumple, que lo denigra y niega el respeto a su dignidad.

Cuando el derecho no regula eficazmente la convivencia, los conflictos se resuelven por vías informales: influencias, amenazas, dinero o fuerza. Esto incrementa el miedo social, la percepción de inseguridad y la desconfianza entre las personas.

Vivimos en una sociedad en la que la experiencia nos ha enseñado que permanentemente tenemos que buscar obtener más que todos los demás.  Ser el primero en cruzar, que me den el pedazo más grande y antes que a los demás, que se vea el programa de televisión que a nosotros prefiramos, tener siempre la razón, asumiendo que los demás no saben, etc.  Este aprendizaje social se produce desde la niñez y se refuerza permanentemente a lo largo de toda la vida.

El miedo sostenido es un factor de riesgo para trastornos del sueño, problemas de concentración, irritabilidad crónica y deterioro de la salud mental, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores. Un Estado de derecho débil no solo fracasa en proteger; expone a su población a un entorno emocionalmente tóxico.

Vivir en un entorno donde la ilegalidad se normaliza obliga a las personas a convivir con una contradicción permanente entre lo que saben que es correcto y lo que observan que funciona. Esta disonancia moral deteriora la salud psíquica, genera cinismo, desconfianza y una ética de supervivencia que rompe los lazos sociales.

La salud no es solo biológica; es también moral y relacional. Una sociedad que pierde el sentido de justicia pierde, al mismo tiempo, cohesión, solidaridad y bienestar emocional.

Uno de los efectos más corrosivos de un Estado de derecho débil es el mensaje perverso que transmite a la sociedad cuando los grandes actos de corrupción y los robos de altas sumas reciben un trato judicial indulgente, mientras que los delitos menores son perseguidos y sancionados con una severidad desproporcionada. Esta asimetría en la respuesta del sistema de justicia no solo viola el principio de igualdad ante la ley, sino que destruye la noción misma de justicia como valor social.

Cuando la ciudadanía observa que quienes desfalcan millones enfrentan procesos interminables, acuerdos favorables o penas simbólicas, mientras personas pobres cumplen condenas efectivas por hurtos de subsistencia, se instala una conclusión devastadora: el problema no es robar, sino robar poco. El sistema parece castigar la pequeñez del delito, no su gravedad moral o social.

Este mensaje distorsionado tiene consecuencias profundas. Normaliza la corrupción, degrada la ética pública y enseña, especialmente a las nuevas generaciones, que el éxito del delito depende del monto y del poder que lo respalde. Así, el derecho deja de ser un límite y se convierte en una variable estratégica, debilitando aún más la confianza social y acelerando el deterioro institucional.

En un país donde la justicia es dura con los débiles y blanda con los poderosos, el Estado de derecho no solo fracasa: educa mal, promueve la injusticia y socava los cimientos morales de la convivencia social.

Fortalecer el Estado Dominicano de Derecho no es solo una exigencia jurídica o política. Es una urgencia sanitaria y social. Un Estado que cumple la ley, respeta las sentencias y actúa con igualdad reduce el estrés social, fortalece la confianza, protege la dignidad y contribuye a una vida más sana, tanto física como mentalmente.

Si no corregimos el rumbo, el deterioro institucional seguirá traduciéndose en enfermedad, violencia y desesperanza. Ordenar el país no es un lujo ni una consigna: es una condición indispensable para la salud colectiva.

El llamado sigue siendo el mismo que en la primera entrega: hacer un alto, asumir responsabilidades y fortalecer el cumplimiento del Estado Dominicano de Derecho, no solo para salvar la institucionalidad, sino para proteger la vida, la salud y la dignidad de todos los dominicanos.