La marcha se inició en las inmediaciones del palacio de la Policía Nacional hasta los alrededores de la casa de Gobierno.
Los manifestantes también reclaman la “cobertura digna” del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para los hombres y mujeres que laboraron en la institución.
“Tenemos generales que han muerto porque el seguro no le ha validado. Esto es penoso”, agregó el primer teniente retirado Juan Pablo Jáquez.
“Este grupo de veteranos retirados de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos hemos congregado aquí frente al palacio de la Policía para marchar a lo largo de la avenida Francia hasta el Palacio Nacional porque el Gobierno no mira para donde los veteranos, porque no les interesa”, dijo el general retirado Damián Arias Matos.
También reclamaron el pago del sueldo por año a los 2,712 miembros de la Policía, que fueron retirados el pasado 2 de marzo. Estos alegan que el cúmulo del 6% que se les descuenta de sus ingresos para ser entregado al momento de su retiro ha sido incumplido, según el teniente retirado Calendario Rodríguez.
Además, exigen ser incluidos en el presupuesto del 2023 y no para el 2024.
Una comisión de los manifestantes fue recibida en el Palacio Nacional, pero Arias Matos expresó que si era para hacerles promesas de campaña no les interesaba. “Háblennos de decretos, disposiciones, de realidad”, dijo, y aseguró que mantendrán su lucha sin financiamiento de partidos.
Fiscales amenazan paralizar tribunales
Ayer también la directiva del Ministerio Público amenazó con paralizar sus funciones si el Gobierno no les entrega a la Procuraduría General de la República los recursos necesarios para el Plan de Retiros, Pensiones y Jubilaciones.
El doctor Francisco Rodríguez Camilo, presidente y coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), pidió también que les sean igualados los salarios con sus pares del Poder Judicial, dejado de erogar la diferencia desde el 2003.
Manifestó que están emprendiendo acciones de intimación al presidente Luis Abinader, al Consejo Superior del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República; demandas y acciones ante el Tribunal Superior Administrativo; campañas publicitarias y reclamos ante los medios de comunicación.
“Aunque estamos dando un compás de espera para que el Poder Ejecutivo cumpla con la obligación impuesta por la Ley número 194-04 sobre Independencia Presupuestaria del Ministerio Público, entregándole los recursos que les corresponden a la Procuraduría General”, dijo Rodríguez Camilo.
Aseguró que en caso de no atender esos reclamos, los fiscales se lanzarán a las calles a protestar de manera pacífica; hacer piquetes frente al Palacio Nacional; y en caso extremo, a pesar de que por sensatez no queremos hacerlo, paralizar los tribunales por tiempo indefinido.
Rodríguez Camilo, aseguró que los miembros del Ministerio Público están peleando contra la delincuencia, el crimen organizado y en defensa del interés público, ejerciendo sus funciones en condiciones de peligrosidad, a tal punto que, en este mes, cuatro fiscales de San José de Ocoa han sido víctimas de agresiones por parte de narcotraficantes y otros delincuentes.
Expresó que otros fiscales del país han sido golpeados, tiroteados y asesinados en el ejercicio de sus funciones, por lo que Fiscaldom hace un llamado urgente, a fin de que el presidente Luis Abinader entregue los recursos económicos correspondientes, para restaurar los derechos fundamentales y dignidad de los miembros del Ministerio Público.
Sostuvo que el sueldo y remuneraciones de los miembros del Ministerio Público fueron puestos por la Ley número 78-03 (derogada) y la Ley No.133-11, que en virtud de lo que se dispone en el artículo 109 de la Constitución y el 1 del Código Civil que es de cumplimiento obligatorio, sin embargo, no se le ha respetado dicha ley.
Sepa más
Germán Brito
El presidente de la Asociación de Fiscales exculpó a la magistrada Miram Germán Brito, Procuradora General de la República, de la situación, porque la consideran muy justa y que no acepta la violación de las leyes, ni que se cometan injusticias.
Desigualdad
Rodríguez Camilo resalta que varios procuradores adjuntos, entre ellos Rodolfo Espiñeira Ceballos en el 2004 tenían un salario de RD$110 mil mensuales, mientras sus pares en la Suprema Corte ganaban RD$398 mil debiendo de tener por ley igualdad salarial.
Author: Redacción
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