Abinader reitera que busca la independencia Ministerio Público y que quiere consenso para aprobar la reforma
Yanessi Espinal
El Caribe
El proyecto de reforma constitucional que el gobierno sometió a discusión en el Consejo Económico y Social (CES) impactaría unos 40 de los 277 artículos que tiene la Constitución y abarca el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, las altas cortes, la Contraloría General de la República y la Junta Central Electoral (JCE).
De esos artículos, al menos 18 son relativos a un rediseño de la integración del Ministerio Público que van desde excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hasta el cambio del nombre de Procurador General por el de Fiscal general y la creación de la figura de Abogado General del Estado.
Los cambios a los artículos 86, 154, 159, 167, 171,172,174 y 175, son para variar los nombres del procurador general de la República por fiscal general de la República; procurador general adjunto por fiscal general adjunto; procurador general de corte, fiscal regional y procurador, por fiscal.
Las propuestas de cambio de los artículos 94 y 95 son para “incluir de manera expresa dentro de las invitaciones a las cámaras y las interpelaciones, respectivamente, al Fiscal General de la República (actualmente “Procurador General de la República”)”.
El Poder Ejecutivo plantea modificar el artículo 166 para que establezca que la “administración pública estará representada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y ante cualquier otra que la ley disponga, por el Abogado General de la Administración Pública” y sus abogados adjuntos”.
“El abogado general de la Administración Pública (actualmente “Procurador General Administrativo”) será el titular de la Abogacía General de la Administración Pública, órgano desconcentrado de conformidad con la ley”, propone el ejecutivo como numeral dos del artículo 166.
Sobre esa misma figura, propone que el “abogado General de la Administración Pública (actualmente “Procurador General Administrativo”) será designado por el Poder Ejecutivo en la forma en que establezca la ley”.
Para ocupar ese cargo, los requisitos serían ser dominicano, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en Derecho con por lo menos 10 años de experiencia profesional.
La modificación del artículo 169 busca adecuar el funcionamiento del Ministerio Público que consiste en retirarle la responsabilidad de “la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad” y asignarle la responsabilidad de formular e implementar la política de persecución contra la criminalidad”.
El cambio en el artículo 171 tiene el propósito de disponer que el Fiscal General de la República y sus Fiscales Generales Adjuntos sean designados de conformidad con la ley. La modificación en el artículo 174 tiene la finalidad de disponer que la “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros”.
El artículo 178 sería cambiado con el propósito de excluir de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura al Fiscal General de la República (actualmente “Procurador General de la República”).
Gobierno quiere acuerdo nacional
El Gobierno asumió el anteproyecto de ley de reforma a la Constitución que ha circulado en los últimos días y que se discute en el seno del Consejo Económico y Social (CES), con el que, aseguró, se pretende alejar a la justicia de toda intención política.
El primero en fijar posición al respecto sobre el tema, en nombre del Poder Ejecutivo, fue el presidente Luis Abinader, quien afirmó que en ese anteproyecto, que fue enviado al CES, no se estableció la manera en que se nombraría al procurador de la República sin que lo haga el jefe de Estado, porque lo que se busca es que se decida luego de una amplia discusión de todos los sectores.
Sostuvo que lo que el Gobierno sí está apoyando es que el Ministerio Público sea totalmente independiente, y alejado de toda intención política.
“Para eso es que lo estamos haciendo, para una discusión. Lo que sí nosotros estamos apoyando, como ha sido siempre nuestra idea y lo que pienso que le conviene más al país, es un Ministerio Público independiente y ojalá que en todo el país podamos ponernos de acuerdo en tener ese Ministerio Público independiente para tener una justicia que esté alejada de toda intención política”, expresó el gobernante desde San Pedro.
Horas más tarde en el Palacio Nacional, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que la real independencia del Ministerio Público es esencial para el fortalecimiento de la democracia.
Refirió que el anteproyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social (CES) para su debate, incluye este aspecto.
Paliza reafirmó la intención del gobierno de impulsar una reforma para que el procurador general de la República no sea designado directamente por el Poder Ejecutivo, y que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, para que el Ministerio Público se centre exclusivamente en la persecución de la criminalidad.
“El presidente Abinader ha abrazado este proceso de despolitización, como lo evidencia la designación de las actuales autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, el reclamo de la sociedad es que el fortalecimiento de las instituciones no quede atado al deseo o la voluntad del presidente de turno”, manifestó.
Añadió que para lograr una reforma que definitivamente cierre la posibilidad de volver a tener un Ministerio Público sumiso al Poder Ejecutivo, es necesaria una modificación a la Constitución.
En tal sentido, señaló que por primera vez en muchos años, se ha presentado un proyecto de reforma constitucional en el que no se incrementa ni un ápice el poder del presidente de la República, sino que se enfatiza la separación de los poderes y el fortalecimiento de la democracia.
“El Ministerio Público debe de ser el órgano formulador y ejecutor de la política del Estado de persecución contra la criminalidad.
Para ello, el Gobierno debe garantizar la independencia no solo funcional sino también política, es decir, una independencia plena”, afirmó.
El ministro Paliza explicó que el presidente Abinader incluyó este tema en el anteproyecto como uno de los puntos neurálgicos en el diálogo por las Reformas que se desarrolla ante el CES, mesa de discusión en la que participan representantes de los diversos sectores de la sociedad y los partidos políticos.
Recordó que uno de los principales compromisos de la propuesta de Gobierno de esta gestión, incluso antes de ser electos, es lograr independencia del Ministerio Público y, con ello, el fortalecimiento de la justicia y la democracia.
Unificación de elecciones sería a partir del 2028
El proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional establece que de manera excepcional para el 2024 las elecciones. “Una disposición transitoria vigésima primera, con el propósito de disponer que, por excepción a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, las asambleas electorales del año 2024 se celebrarán de modo separado e independiente, de la manera siguiente: el tercer domingo de febrero, las de las autoridades municipales; y el tercer domingo de mayo, las presidenciales, legislativas y parlamentarias de organismos internacionales”, apunta. Sobre ese tema, una segunda disposición transitoria establece que las autoridades municipales electas en el año 2020 durarán en sus funciones hasta el 24 de abril de 2024, los nuevos funcionarios.
Author: Redacción
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