Por redacción
CRDmedia

La República Dominicana atraviesa una crisis de seguridad que no puede seguir siendo maquillada con promesas de reformas postergadas. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha anunciado que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional será depositado en noviembre, tras meses de retraso y falta de voluntad política. Mientras tanto, la violencia sigue escalando, y la ciudadanía continúa pagando el precio de una institucionalidad débil y una fuerza policial que, en muchos casos, actúa más como amenaza que como garante de protección.
Desde Ciudadanía RD Media, creemos en la democracia, la libertad y los derechos humanos como pilares irrenunciables. Por eso, nos preocupa profundamente que, en lugar de una transformación estructural, lo que se percibe es una estrategia de contención mediática. Las reuniones con diputados oficialistas, los anuncios de nuevos uniformes y cinturones, y la incorporación de cámaras corporales no resuelven el problema de fondo: una cultura policial que normaliza el uso excesivo de la fuerza, la impunidad y la represión como herramientas de control.
La violencia institucionalizada no se combate con cosmética. Se combate con transparencia, rendición de cuentas y una reforma profunda que incluya a la sociedad civil en su diseño y fiscalización. ¿Dónde están los mecanismos de control ciudadano? ¿Dónde está la auditoría pública de los protocolos de actuación? ¿Dónde está la voluntad de depurar una institución que aún alberga agentes con antecedentes de violencia de género y abuso de poder?
La ministra Raful ha destacado avances como el aumento salarial, la inclusión de seguros de salud y una formación más extensa para los nuevos agentes. Sin embargo, estos logros no pueden ocultar el hecho de que la reforma ha sido aplazada reiteradamente, y que los cambios anunciados siguen sin traducirse en una mejora tangible en la relación entre la Policía y la ciudadanía. La confianza no se construye con discursos, se construye con hechos.
En un país donde los barrios viven bajo patrullajes intimidantes, donde los jóvenes son perfilados por su apariencia, y donde las denuncias de abuso policial se archivan sin consecuencias, hablar de “transformación” sin enfrentar la violencia estructural es una forma de negación institucional. La expansión del patrullaje por cuadrantes y la coordinación con el sistema 9-1-1 pueden ser útiles, pero no sustituyen el respeto por los derechos humanos ni la justicia para las víctimas de la brutalidad policial.
Ciudadanía RD Media exige una reforma policial que no solo cambie la fachada, sino que transforme el corazón de la institución. Queremos una Policía que sirva, no que someta. Una Policía que proteja, no que persiga. Una Policía que entienda que su legitimidad no proviene del uniforme ni del arma, sino del respeto que se gana al actuar con ética, legalidad y humanidad.
La ministra Faride Raful tiene una oportunidad histórica de liderar un cambio real. Pero ese cambio no puede seguir siendo postergado ni negociado en reuniones partidistas. La seguridad ciudadana es un derecho, no una concesión. Y la ciudadanía dominicana merece una Policía que esté a la altura de sus valores democráticos, no una que los contradiga.