Por Redacción
CRDmedia
Lo que ocurre en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no es una simple crisis administrativa: es una catástrofe institucional que amenaza la columna vertebral del sistema de salud pública dominicano. Con un déficit superior a RD$3,300 millones, una morosidad que supera el 44% y una inclusión irregular de más de dos millones de afiliados al régimen subsidiado, el panorama es alarmante. Y lo más grave: las autoridades lo sabían y no actuaron a tiempo. El Ministerio Público, que ahora abre investigaciones, debió intervenir desde hace años, cuando las primeras señales de desfalco y manipulación política ya eran evidentes.
La revelación de un call center paralelo que autorizaba procedimientos médicos sin consentimiento, operado por exempleados y familiares, es solo la punta del iceberg. Las denuncias de pagos ficticios, contratos ocultos y transferencias millonarias sin respaldo legal configuran un esquema de corrupción que se mantuvo activo durante más de cuatro años. ¿Dónde estuvo la Cámara de Cuentas? ¿Por qué el Ministerio Público esperó a que los medios hicieran su trabajo para iniciar una investigación? La negligencia institucional es tan escandalosa como el fraude mismo.
Mientras tanto, médicos y clínicas privadas siguen sin cobrar, y miles de pacientes enfrentan retrasos, cancelaciones y suspensión de servicios básicos como la entrega de medicamentos a domicilio. La decisión de SeNaSa de eliminar este servicio bajo el pretexto de “revisión de datos” es una burla a los afiliados que dependen de él para sobrevivir. El presidente Luis Abinader, aunque ha ordenado auditorías, no puede desligarse de la responsabilidad política de haber permitido que el sistema se convirtiera en una herramienta electoral y clientelista.
Este editorial exige respuestas, no discursos. Exige justicia, no promesas. El colapso de SeNaSa no es solo un problema financiero: es una traición a la salud del pueblo dominicano. Si no se toman medidas drásticas, el país podría enfrentar una emergencia sanitaria provocada no por virus, sino por corrupción y desidia oficial.
