Por Redacción
CRDmedia
El reciente operativo de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector Los Pinos, Sabana Perdida, ha generado una profunda indignación en la comunidad y una serie de cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La muerte de Steven de Jesús Zapata, Joel Antonio Brito Báez y Jarlin de los Santos no solo ha sumido a sus familias en el dolor, sino que ha levantado una ola de protestas en La Javilla, donde los vecinos exigen justicia y transparencia.
Las versiones ofrecidas por los testigos contradicen el informe inicial de las autoridades, que alegan un intercambio de disparos. Según los moradores, los agentes habrían acribillado a los jóvenes sin previo aviso, lo que convierte el hecho en una ejecución extrajudicial que vulnera sus derechos fundamentales. Este tipo de procedimientos no solo son contrarios a los principios del debido proceso, sino que ponen en entredicho el respeto por la vida y la dignidad humana dentro de las fuerzas de seguridad.
A esto se suma un hecho alarmante: la confiscación de celulares a todos los ciudadanos que grabaron el incidente. Si el operativo estuvo ajustado a la ley, ¿por qué el esfuerzo de la policía por borrar toda evidencia visual? La eliminación de registros audiovisuales no solo impide conocer la verdad de los hechos, sino que también representa una violación a la libertad de información y el derecho de los ciudadanos a documentar abusos de poder.
La reiterada práctica de encubrir operativos con justificaciones imprecisas debilita la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La Policía Nacional debe rendir cuentas sobre este procedimiento y presentar pruebas claras que respalden su versión. De lo contrario, el silencio y la censura solo alimentarán la indignación social y la percepción de impunidad dentro del sistema de justicia.
Este caso evidencia la necesidad urgente de reformas en los protocolos de seguridad, estableciendo criterios estrictos para la intervención de agentes en operativos, el uso proporcional de la fuerza y la transparencia en la gestión de pruebas. La comunidad de Sabana Perdida ha levantado su voz pidiendo justicia, pero ¿será escuchada?
La sociedad debe exigir que cada ciudadano tenga el derecho a vivir sin temor a ser víctima de la violencia institucional. La vida de los jóvenes de Sabana Perdida no puede quedar en el olvido, y la justicia debe prevalecer sobre la opacidad y el abuso de poder.
Author: Redacción
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