El candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Rafael Paz, fue dejado fuera de la boleta mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE), pese a que la organización lo había inscrito en el plazo para el depósito de las candidaturas por una reserva interna.
En su lugar, fue colocado el candidato Andy Morales, quien el viernes pasado fue sacado de la boleta para colocar a Paz, lo que generó gran controversia.
La candidatura de Paz ha dado tumbos desde que el Tribunal Superior Electoral (TSE) repusiera al candidato Robert Martínez y lo excluyera de la boleta.
Luego, la FP sacó a Morales, quien advirtió que no iba a renunciar y que ni Paz, ni “el diablo” le iban a quitar su candidatura que ganó por encuesta.
RAFAEL PAZ
Esta decisión de la Junta deja sin candidatura a Rafael Paz, quien por varios días insistió en la validez de su candidatura, afirmando que la misma estaba respaldada por una reserva de ley, protegida por el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos y que, por ende, tiene precedencia en el proceso electoral.
SENTENCIA DEL TSE
El TSE emitió una sentencia el pasado 11 de abril que ordena a la Fuerza del Pueblo reconfigurar su boleta electoral de la circunscripción 1 del Distrito Nacional en el nivel de diputaciones.
Esto debido a que las candidaturas mejores valoradas de acuerdo a los resultados de las encuestas internas, fueron las de Morales, Guillén y Martínez, que deberían ocupar las casillas de ese partido en esa demarcación.
Con relación a las tres casillas restantes, el TSE ordena al partido que identifique la mujer más votada en el proceso interno para que sea incluida en su propuesta de candidaturas en la posición número cuatro.
Asimismo, dispone que las dos plazas restantes que fueron reservadas sean ocupadas por igual cantidad de mujeres, las cuales deberán ser aportadas por dicho partido o por los partidos aliados beneficiarios de dichas plazas, de haber intervenido pactos en ese sentido, para cumplir así con la proporción de género que exige la legislación vigente.